La Comisión Ejecutiva avaló las cuentas del grupo pese a las advertenciasLa dirección general de Regulación del Banco de España advirtió ya a finales de 2010 a su Comisión Ejecutiva de las consecuencias que iban a acarrear las irregularidades que se estaban produciendo en la constitución del grupo BFA, matriz de Bankia. Según dicha división, "los administradores de las cajas podrían verse inmersos en acciones de responsabilidad social o de otro signo por parte de los depositantes y otros acreedores, y el Banco de España a un relevante riesgo reputacional por haber consentido, con conocimiento, una reducción del patrimonio de cada una de las cajas". Es una advertencia que finalmente se ha cumplido, provocando incluso la imputación de los máximos responsables del Banco de España, entre ellos su antiguo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. De acuerdo con los informes aportados, hubo hasta dos avisos: uno por parte de la División de Normativa Contable y otro del Departamento de Instituciones Financieras. Sus análisis fueron elevados a la Comisión Ejecutiva el 29 de diciembre de 2010 ,sin que conste "ningún indicio de que se discutiese". En contra de la normativa vigente, dicha comisión aprobó cargar contra reservas las pérdidas, en lugar de hacerlo contra la cuenta de resultados, lo que hubiera metido en números rojos en 2010 a las siete cajas integrantes del nuevo grupo. La medida, según alertaron de manera clara los dos departamentos de Regulación, "ni encuentra acomodo en la normativa mercantil y contable española ni en la internacional". Es llamativo que la propuesta elevada y aprobada por la Comisión Ejecutiva iba firmada por el entonces director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, hoy imputado, por ausencia del responsable de Regulación, José María Roldán Alegre. En los informes remitidos por los peritos a la Audiencia Nacional esta misma semana se recuerda que "la dirección general de Regulación advirtió que el cargo de las pérdidas en reservas, de aceptarse sin ninguna restricción, supondría un menoscabo del patrimonio de cada una de las cajas, respecto de su registro en la cuenta de resultados". Según dicen, "en consecuencia no se habrían podido pagar los intereses de las participaciones preferentes emitidas por algunas de ellas (Caja Madrid, Bancaja...), ni tampoco habría habido reparto de bonus y retribución variable a los administradores y primeros ejecutivos, ni se habría podido dotar la obra benéfico social". Es un argumento compartido entonces por el departamento de Regulación del Banco de España. De hecho, según los peritos, "a pesar de la advertencia de la dirección general de Regulación, el Departamento de Inspección I de Cajas de Ahorro sostuvo que eran más graves los riesgos de dar pérdidas que los de una eventual descapitalización de cada uno de las cajas". Sin embargo, según dicen ahora, "nada se aportó acerca de a qué tipo de riesgos se hacía referencia".