Santos defiende su "responsabilidad" en la enajenación de la firmaColombia quiere contratar un banco de inversión internacional que le ayude a vender Electricaribe, la exfilial de Gas Natural Fenosa (GNF) que el Gobierno le enajenó el mes pasado con la intención de liquidar y que la multinacional ha denunciado ante una Corte arbitral de la ONU. Los gestores públicos de la empresa confían en que el proceso de liquidación y venta dure alrededor de un año, pero las pocas empresas que han mostrado cierto interés, como Promigas o la pública EPM, han condicionado su posible participación al saneamiento de la compañía eléctrica, que acumula deudas por 750 millones de euros, por lo que es muy probable que se requiera más tiempo. Santos y los votos costeños Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos ha vuelto a defender la actuación de su Administración. Tras mantener una reunión con los gobernadores de las regiones de la costa del Caribe en las que opera la exsubsidiaria de GNF, ha anunciado que "hemos seguido todos los pasos que corresponden, hemos actuado con toda responsabilidad" y que el proceso "se hizo dentro de la Ley colombiana, porque la empresa ya cumplía las condiciones de una empresa insolvente, quebrada, y queríamos a toda costa evitar un apagón". GNF opina otra cosa: ha sido víctima de una mala regulación y de una operación de acoso y hostigamiento que le ha llevado a una posición económica insostenible. Es pública y notoria la hostilidad de los políticos costeños contra Electricaribe por la mala calidad de su servicio, y sus votos eran necesarios para concluir la guerra civil con las FARC. Fuentes conocedoras de la situación no dudan en vincular su voto positivo al acuerdo de paz en el Senado con la intervención y posterior liquidación de la firma. Sea como fuere, GNF le reclama a Colombia más de 1.000 millones de dólares.