Hoy se reúne la ponencia que analiza el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, un documento del que dependerá casi el 20 por ciento del PIB del país y que, por su complejidad y trascendencia, acumula unas 1.100 enmiendas. La semana pasada, durante las III Jornadas sobre Ingeniería y Eficiencia del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), hubo oportunidad de escuchar a los ponentes de los principales partidos, el PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Los cuatro se mostraron favorables a incorporar al texto las reclamaciones de los ingenieros, que se sienten maltratados por el "envilecimiento de las condiciones para concursar", según reiteró el presidente de la entidad, Leonardo Benatov. Los ingenieros sufren que la Administración, en las licitaciones, cada vez pondera más la oferta económica en detrimento de la técnica, hasta el punto de que en algunos casos, como el de Aena, aplique la subasta pura y dura. Ese desprecio a la calidad también lo sufrimos después todos -como bien se recordó-, porque se convierte en los célebres modificados de obra, que son caldo de cultivo de corruptelas; en cualquier obra, un buen proyecto inicial es una garantía frente a los sobrecostes. Una forma de recuperar esa calidad son los concursos restringidos -al menos para contratos superiores a 300.000 euros- que seleccionen de cuatro a ocho empresas en función de criterios objetivos, como su capacidad económica, su capacitación técnica, su experiencia o su control de calidad y medioambiental. Sólo después de haber escogido a las mejores se considerarían sus ofertas económicas. Esta fórmula de contratación es la menos empleada en España, pero es la referencia en la UE, EEUU, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. El Proyecto de Ley la considera la más adecuada para los servicios de índole intelectual, como la ingeniería, pero en el preámbulo; nada se indica sobre ella en el articulado... Pero hubo consenso total entre los ponentes para incorporarla al texto vinculante de la futura ley.