Insta al organismo a diseñar un protocolo de inspección para trabajar con el BCEEl Banco de España recibió ayer un rapapolvo por parte del Tribunal de Cuentas, que le afeó deficiencias en personal y falta de un protocolo establecido para el trabajo de inspección realizado en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) en un informe de fiscalización sobre su función supervisora en 2015. El documento, donde escruta la labor inspectora en el primer ejercicio íntegro tras arrancar el Mecanismo Único de Supervisión (Mus) en el otoño de 2014, insta al organismo a acometer distintas mejoras tras detectar varias fragilidades. De manera específica le reclama desarrollar, en colaboración con el BCE, los procedimientos para "dotar de personal del Banco de España a los equipos de inspección, concretando los perfiles profesionales y estableciendo planes de formación que faciliten su composición". Formar a los inspectores Con el empuje de la Unión Bancaria Europea, el Mus pasó a supervisar de forma directa los 14 grupos financieros principales, que suponen el 95,6 por ciento de los activos bancarios españoles y el 15 por ciento de las 129 grandes entidades que escruta en Europa. La tarea la realiza en colaboración con el Banco de España, que vigila a su vez a las entidades de crédito más pequeñas y otras sociedades, tales como entidades de pago, de tasación, fundaciones bancarias o la Sareb. En los 120 folios del informe, donde glosa los múltiples cambios organizativos y pautas de trabajo fijadas para operar bajo el Mus, el Tribunal de Cuentas critica la ausencia de un protocolo para que el Banco de España "determinase y proporcionase" los recursos humanos que deben conformar el equipo de inspección que se asigna a cada una de la grandes entidades y critica la falta de mecanismos para que el BCE los solicite. El proceso, sostiene, para seleccionarlos "dependió de acuerdos bilaterales", y reprueba que su doble dependencia jerárquica -del Banco de España, pero siguiendo instrucciones de un jefe de equipo nombrado por el BCE- ocasiona a dichos inspectores "problemas de organización y funcionamiento". A pesar de que el mayor desafío ha sido rediseñar el organismo, en su estructura, atribuciones y manera de operar junto al Mus, el Tribunal de Cuentas pone reparos igualmente en aspectos relacionados con entidades que continúa supervisando de forma directa y en funciones no transferidas, sin cuestionar en modo alguno su ejecución en la aplicación de las normas o la misión última de vigilar la solvencia exigible a las entidades. El informe le reconoce, por ejemplo, que adoptó las decisiones de capital exigibles y formuló los requerimientos y recomendaciones que estimó precisos. Pero observa "deficiencias" a remediar en la metodología empleada para dar seguimiento a cómo aplicaba cada entidad sus recomendaciones, tanto por la ausencia de un calendario claro como por la dispersión en los informes enviados por las entidades. El Tribunal de Cuentas le insta a mejorar el proceso y exigir uniformidad a las entidades en sus escritos de autoevaluación de capital. Entre las fragilidades que detecta refiere que el programa de supervisión de conducta no se ejecutó de forma suficiente, porque tuvo que dedicar el personal a actividades no planeadas y que surgieron a raíz de quejas y denuncias de clientes.