De la Serna se reunió con la patronal y los sindicatos para fijar la hoja de ruta que evite la sanción de EuropaEl ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantuvo ayer la primera reunión con la patronal portuaria de los servicios de estiba, Anesco, y con los sindicatos de estibadores, entre los que destacan el profesional Coordinadora, UGT y CCOO. En estos encuentros, que se hicieron por separado, el ministro expuso sus planes para acelerar la liberalización de los servicios de estiba, tal y como ordenó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia dictada en 2014 y que España aún no ha cumplido. La urgencia radica en la existencia de un contador de multa diaria que reclama la Unión Europea por el incumplimiento de la sentencia. El contador ya está en marcha, pero la multa no se hará efectiva si España convence a Europa de que ha liberalizado la estiba antes de que se produzca la segunda sentencia del Tribunal de la UE. Atendiendo a los plazos habituales de la Corte europea, se espera que esa segunda sentencia -la que dictamine la reiteración en el incumplimiento español y que convierta las multas en ejecutivas- llegue entre mayo y junio. La sanción que reclama Bruselas se estructura en dos partes, una de menor intensidad, que acumula ya 21,5 millones y otra, de mayor intensidad, que pasará a contabilizar si se produce la segunda sentencia del Tribunal UE, que implica 4 millones de euros cada mes. Evitar el conflicto portuario Tras el parón de un año que ha supuesto el Gobierno en funciones, el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sabe que tiene que llegar urgentemente a un acuerdo con patronal y sindicatos, ya que, si no se consigue, el conflicto portuario estaría servido. El miércoles pasado el sindicato Coordinadora hizo una exhibición de su fuerza en la red de grandes puertos comerciales, paralizando su actividad durante cuatro horas, que tuvo un seguimiento casi total. Al parecer, entre Anesco y Coordinadora habría un principio de acuerdo sobre cómo avanzar en la liberalización que reclama Bruselas, sin perder los derechos de los estibadores actuales. Pero dicho acuerdo sería papel mojado si no convence a Fomento y a la Comisión Europea.