El Ejecutivo tiene dos meses para devolver voluntariamente 500 millones a las eléctricas La Justicia también obliga a refacturar la luz a 15 millones de consumidores; pagarán casi 10 eurosEl Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que el Gobierno interpuso a su sentencia del pasado octubre, que obliga a modificar el sistema de financiación del bono social eléctrico y a reintegrar a las empresas las cantidades que le han aportado desde 2014, algo más de 500 millones de euros. Según la metodología anulada, el bono social -un descuento del 25 por ciento en la tarifa regulada- lo pagaban las compañías con actividad de generación, transporte y distribución, 23 en total, pero el 99 por ciento del coste recaía en las cinco grandes: EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo. El Tribunal lo consideró discriminatorio -al igual que el sistema anterior- porque “hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria”. El Gobierno presentó al Supremo un “incidente de nulidad” en el mes de noviembre por entender que los jueces tenían que haber preguntado al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE antes de fallar y, acto seguido, promovió un pacto con la oposición para promulgar un nuevo sistema de financiación del bono. El nuevo mecanismo, aprobado la semana pasada, obliga a pagarlo a todas las comercializadoras, unas 250, pero el 96 por ciento del coste sigue recayendo en las cinco grandes firmas citadas, y según interpretan los juristas, puede seguir teniendo los mismos vicios que los dos sistemas anteriores, de modo que no se descarta que lo vuelva a suspender la Justicia. Algunas eléctricas tienen por costumbre recurrir todas las disposiciones sobre esta materia y se da por sentado que lo volverán a hacer, aunque ayer, consultadas por elEconomista, optaron por no pronunciarse al respecto. En cualquier caso, tras el rechazo del recurso del Gobierno, éste tiene dos meses para abonar voluntariamente los citados 500 millones. Después de ese plazo, los afectados pueden reclamar al mismo Tribunal la ejecución forzosa de la sentencia. El abono de esta cantidad no está contemplada en la Orden de peajes de 2017 y su pago es una patata caliente para el Gobierno, porque supondrá que el sistema eléctrico entrará en déficit: ahora se prevé un ligero superávit de 9,3 millones de euros. Refacturación de tres años Por otro lado, el Gobierno, de acuerdo con otra sentencia del Supremo, ha revisado lo que cobran las eléctricas cuando suministran energía a la tarifa regulada. Tras la revisión, el recibo subirá unos dos céntimos al mes y, además, habrá que pagar a las empresas lo percibido de menos desde que se aplicaba el sistema anterior: a cada consumidor le corresponderán alrededor de 10 euros en total. El sábado pasado, el BOE publicó una Orden Ministerial que termina de desarrollar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización de las eléctricas cuando suministran la energía bajo la modalidad regulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Las grandes empresas habían recurrido el sistema anterior al Supremo porque consideraban que la cantidad asignada desde que nació el PVPC, en abril de 2014, era insuficiente para cubrir sus costes, y los jueces les dieron la razón en noviembre del año pasado. Con el mecanismo anterior, las empresas recibían de cada abonado cuatro euros al año por kW de potencia contratada; con el sistema nuevo cobrarán una cantidad fija por kW de potencia contratada de 3,113 euros (un 22 por ciento menor) y otra de 0,000557 euros sobre cada kWh consumido, de modo que quien más energía precise, más pagará. Esos valores se revisarán en el año 2019, y, según la información facilitada por el Gobierno, supondrán un incremento del recibo final de dos céntimos de euro al mes a partir de enero para los 12 millones de consumidores que están actualmente acogidos al PVPC. La refacturación, en cambio, afectará a los 15 millones de consumidores que han estado acogidos al PVPC en algún momento desde que nació el sistema. La citada Orden mantiene el nuevo monto anual por kW contratado de 3,113 euros para 2014, 2015 y 2016, aunque establece otras cantidades a cargar sobre los kWh en cada uno de los tres años. El pago total variará considerablemente de unos consumidores a otros, pero según analiza el blog Entre el blanco y el negro, aplicando los nuevos cargos a los datos de un consumidor medio, con 4,4 kW de potencia contratada y 3.500 kWh de consumo anual, cada hogar tendrá que pagar 10,7 euros en la refacturación. Otras fuentes apuntan a que el volumen ascenderá a unos ocho euros por hogar y el Gobierno calcula una cifra sensiblemente inferior: 1,76 euros por consumidor. Esos datos se refieren únicamente a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC desde el momento en que se instauró; aquellos que lo hayan abandonado para pasar al mercado libre sólo abonarán la parte proporcional al tiempo en que disfrutaron de él.