La cooperativa Valdecam tiene paralizada su promoción desde el pasado marzoValdecam es una de las tantas cooperativas que se han visto afectadas de forma directa por la nueva política urbanística del Ayuntamiento de Madrid. En este caso, son 65 familias las que esperan a que el equipo de Manuela Carmena desbloquee el desarrollo de sus viviendas, para el que solicitaron un préstamo de 4,2 millones de euros a Ibercaja. Según las estimaciones de Valdecam, el retraso administrativo puede llegar a suponer un coste para la cooperativa de 478.750 euros. Una cifra que podría elevarse hasta los 594.250 si la entidad financiera decide no aplicar la bonificación sobre los costes de los intereses, que en el momento inicial del préstamo estaban en el 3,7 por ciento. Siendo realistas y si finalmente la situación se resuelve, como esperan desde la cooperativa, entre junio y julio de 2017, lo que supondría un retraso de 15 meses, el encarecimiento del proyecto por cooperativista ascendería a 9.142 euros. Por el momento, cada uno de los cooperativistas ya ha invertido unos 40.000 euros, más un aval medio de 60.000 euros. “A pesar de la situación, estamos seguros que colaborando y poniendo de su parte todos los estamentos involucrados (Ayuntamiento, entidad financiera etc…), vamos a poder conseguir que los precios de las viviendas no se vean afectados,”, explica Enrique Taboada, gestor de Valdecam. Los problemas con este proyecto surgieron apenas dos días después de comprar el solar en Valdebebas. Con la Licencia Municipal de Obras en trámite, el desarrollo se vio paralizado por efecto de una sentencia del TSJM que anulaba el Plan Especial, en el que se incluía su promoción residencial, así como un colegio privado y que afectaba también a dos inmobiliarias, todas con proyectos en la misma manzana. “En ese mismo momento nos pusimos a trabajar para solucionar el problema junto al Ayuntamiento, que nos recibió finalmente el 12 de mayo, y nos dio bastantes esperanzas”, asegura Taboada. Falta de colaboración La cooperativa explica que en la reunión quedó clara la voluntad de l Corporación dar una solución al problema planteado, aunque los responsables municipales “nos comunicaron que no se emprenderían actuaciones oficiales en tanto el Tribunal Supremo no dictara sentencia respecto a otro proceso judicial paralelo, que afectaba a la revisión del Plan General (PG) de Madrid”. Por parte de la cooperativa se hizo ver que “el contencioso judicial no afectaba directamente a nuestro caso, y por tanto, el expediente podía substanciarse con total independencia del mismo, al menos en lo que afectaba a la aprobación inicial y a la provisional”. Sin embargo, la buena voluntad del Ayuntamiento se quedó sólo en palabra. Los hechos demostraron justamente lo contrario, ya que “no nos han permitido avanzar en la subsanación del problema hasta septiembre, una vez que se ha substanciado favorablemente la sentencia contra la impugnación del PG de Madrid”. “Los tiempos para ellos no son los mismos que para el resto de los mortales. Desde el Ayuntamiento se muestran fríos y distantes y lo cierto es que dependemos de que el Consistorio sienta el compromiso como suyo”, destaca. Inmediatamente se creó un grupo de trabajo, en el que participaron muy activamente la Junta de Compensación y la cooperativa, para preparar una modificación puntual del Plan General que afecta a esta parcela, que estaba planteada en un inicio como un gran centro comercial. Según Valdecam, “no existen impedimentos jurídicos para modificar el planeamiento anulado y la paralización de las licencias en este ámbito también fue una opción tomada en su momento por el Ayuntamiento en un contexto no obligado”. Desde la cooperativa han reiterado que es “el Ayuntamiento, y no los jueces, quien tiene la iniciativa, la competencia y la responsabilidad del planeamiento urbanístico de la ciudad, y quien marca los tiempos del urbanismo. Únicamente les hemos pedido que ejerzan estas competencias, porque sólo en sus manos está la subsanación inmediata de los defectos técnicos (que no de fondo) del planeamiento aprobado por ellos en su día y posteriormente anulado”. Así, destacan que fue “el Ayuntamiento quien hizo en su día un planeamiento que contenía errores formales, por lo que le exigen que asuma su responsabilidad”.