Oposición, asociaciones y Abogacía presionan para que haya arbitrajeDesde el mismo día que el tribunal de Luxemburgo hizo público su fallo, el Gobierno ha recibido presiones para que se establezca un sistema de arbitraje que facilite el reintegro a los clientes por las cláusulas suelo abusivas. Primero fue el PSOE y distintas asociaciones de consumidores, después ERC, y ayer, tras sumarse a la petición Ciudadanos y el Consejo General de la Abogacía, el Gobierno anunció su decisión. Será el último Consejo de Ministros del año el que desvele más detalles, pero el Ejecutivo ha anunciado que ese día aprobará un código de buenas prácticas, lo que implica adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, para resolver “con celeridad” la devo- lución de lo indebidamente cobrado. Es decir, que por ahora no habrá arbitraje, sino un procedimiento entre banca y cliente. Íñigo Méndez de Vigo, que anunció la medida al término del Consejo de Ministros de ayer, precisó que la voluntad de Rajoy es que se apruebe el 30 de diciembre. “El Gobierno quiere demostrar que quiere resolver los problemas de la sociedad”, añadió el portavoz. También insistió, como lo hizo dos días antes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es “privada y personal”. Méndez de Vigo aseguró que la intención del Ejecutivo con este nuevo código de buenas prácticas es “dar seguridad, tranquilidad y certidumbre” para ayudar a solucionar la situación de forma rápida. Ayer, el Consejo General de la Abogacía pidió que los tribunales de arbitraje, en los que participan colegios de abogados, sean los que canalicen la ejecución de la sentencia del Tribunal de la UE. En una carta enviada al titular de Justicia, la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, pedía que se estableciera estos mecanismos arbitrales y que así “se evitarían mayores perjuicios a los ciudadanos como que se sobrecarguen de trabajo los órganos judiciales”. También ayer, Ciudadanos se sumó al asedio al Gobierno por las cláusulas suelo y pidió que se realizara un arbitraje para evitar el colapso de los juzgados y la dilatación en el tiempo, así como que el procedimiento sea gratuito para los afectados. La formación naranja registró en el Congreso una petición para que el ministro de Economía, Luis de Guindos, explique cómo se adaptará la legislación hipotecaria a la sentencia europea y las medidas que tomará para evitar más “abusos” a los ciudadanos y eliminar los “privilegios” de las entidades. Poco antes del anuncio del Ejecutivo la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, había pedido “que no mire” para otro lado y obligue a la banca a devolver el dinero cobrado por las cláusulas. “Hay que devolverlo cuanto antes y no marear la perdiz” afirmó durante una entrevista en Canal Sur Radio. La presidenta de la Junta ha dicho que “hay bancos y bancos” y que mientras algunos ya devuelven el dinero “otros se resisten”, por lo que a éstos “habrá que darles un empujoncito”. El mismo día que el Tribunal dictaminó a favor de la retroactividad total de las cláusulas suelo declaradas abusivas, la asociación de la banca, AEB, se mostraba proclive a intentar agilizar los trámites, lo que puede encajar, a falta de saber los detalles, con el código de buenas prácticas que impulsará el Gobierno. La asociación decía que “los bancos afectados están abiertos a una interlocución directa con sus clientes a fin de agilizar la aplicación de la resolución”. No sólo hay presión para el Gobierno. La resolución europea, en contra del criterio de la banca, vuelve a elevar el riesgo reputacional, tras los escándalos de la defectuosa comercialización de preferentes, desahucios, juicios a directivos de antiguas cajas y la colocación de acciones de Bankia. Por ello, fuentes del sector opinan que no habría mucha resistencia a adherirse a un código y, con ello, obligarse a cumplirlo. Si este procedimientos tuviera éxito podría representar ventajas para las dos partes. Al cliente porque le libraría de largos trámites y a la banca el ahorro de los costes judiciales, que puede elevar en un 30 por ciento su factura final. En todo caso, los expertos advierten que no todos podrán reclamar la devolución de cantidades adicionales. Hay que descartar a aquellos clientes que ya han llegado a un acuerdo privado con su banco y también a los que han reclamado ante los tribunales y han obtenido una sentencia firme. También recuerdan que no todas las cláusulas son ilegales, sino sólo las que un juez declara nulas. Ahora bien, teniendo en cuenta el porcentaje de sentencias favorables a los particulares, lo que se prevé es que la negociación entre banca y clientes aumente para conseguir acuerdos privados que les alejen de los tribunales.