Otro tribunal de Londres reitera que Portugal deberá pagar 1.800 millones al bancoUn tribunal inglés (La Corte de Apelación) ha vuelto a dar la razón al Santander en un litigio con el Gobierno portugués, en el que están en juego hasta 1.800 millones de euros. Se trata de otro jarro de agua fría para Lisboa, que ayer desveló que volverá a recurrir, pese a que no ha encontrado apoyo en las distintas instancias judiciales por las que ha pasado el proceso desde que se inició en 2013. La filial lusa del grupo cántabro, Santander Totta, reiteró a su vez la disposición a encontrar una solución negociada para resolver la disputa. El conflicto tiene su origen en nueve contratos de swaps suscritos por cuatro empresas públicas -las gestoras del Metro de Lisboa y de Oporto y las de los autobuses y los tranvías de ambas ciudades- entre los ejercicios 2005 y 2007 para blindar el precio de sus préstamos frente a eventuales escaladas del euribor. Pero al hundirse este indicador, el producto devengó fuertes gastos a las compañías y trataron de zanjarlos suspendiendo los pagos, siguiendo orientaciones del Ministerio de Finanzas, que consideró abusivas sus condiciones. En mayo de 2013, y tras haber “agotado los intentos de llegar a un acuerdo por vía negociada”, el Santander Totta plantea la cuestión en el tribunal británico High Court of Justice, elegido por ambos, según detalló ayer la entidad. Esta instancia judicial resolvió el pasado 4 de marzo en favor del banco, juzgando las obligaciones de las empresas públicas “como válidas, vinculantes y de cumplimiento obligatorio”. En abril, sin embargo, dichas gestoras recurrieron el fallo en el tribunal, que ahora vuelve a dar la razón al banco sobre siete de los nueve contratos originales. Según detalló la filial lusa del banco en un comunicado, la resolución ha sido tomada por unanimidad de sus tres magistrados, al tratarse de un tribunal colegiado. El Totta defiende que la resolución es inequívoca y respeta los tratados y acuerdos internacionales a los que el Estado portugués se encuentra obligado, frente a la tesis de la defensa del Gobierno de Lisboa, que desacredita el fallo alegando que no es competencia de un tribunal internacional. El Ejecutivo apelará ahora a una especie de Tribunal Supremo, de acuerdo a la información recogida por la prensa lusa. No hay cifra oficial sobre la cuantía que está en juego. La última estimación la realizó la Agencia de Gestión de Hacienda y Crédito Público (PIGG) en 1.384 millones de euros, si bien en el mercado se da por bueno una cuantía más próxima a 1.800 millones, cuando se incluye el coste de los contratos y los judiciales. Un importe, en ambos casos, de gran envergadura para el Estado luso, cuando toca ajustar el presupuesto.