La insolvencia de la subsidiaria amenazaba con provocar apagones a 2,5 millones de personasSe trata de una medida “preventiva y temporal” que no afectará a los resultados de la empresaColombia envió ayer a la policía y al ejército a las 21 sedes de Electricaribe, filial eléctrica de Gas Natural Fenosa (GNF) en el país, y tomó posesión de sus “bienes, haberes y negocios” para evitar apagones en los siete departamentos en los que opera, tal y como adelantó elEconomista. Sin embargo, no se trata de una expropiación, sino, como subraya la empresa, de una toma de control “preventiva y temporal”, que le permite mantener la propiedad de la subsidiaria y que no tendrá impacto en sus resultados. La legislación colombiana obliga al distribuidor de electricidad a pagar a los generadores que se conectan a sus redes y a comprar la energía al transportista. Si la empresa carece de fondos para ello, el operador del sistema eléctrico, XM, directamente le corta el suministro eléctrico, con lo que ésta no puede prestar el servicio a sus clientes, es decir, se producen apagones. Se trata de un fallo en el diseño de la regulación -reconocido por todos- que está detrás de la intervención de Electricaribe. La compañía llegó al límite de su solvencia el pasado mes de octubre. Asfixiada por la morosidad y el fraude, se quedó sin liquidez para comprar energía y su matriz española, GNF, ha tenido que acudir al rescate, aportando las cantidades exigidas por XM, unos ocho millones de euros cada 10 días. Con esta situación de fondo -XM planeaba cortes de tres y cuatro horas diarias, que GNF evitaba en el último momento- el pasado fin de semana la cúpula de la multinacional se desplazó a Bogotá con la intención de llegar a un acuerdo con las autoridades del país: Isidro Fainé y Rafael Villaseca, presidente y consejero delegado, respectivamente, se sentaron a negociar con el presidente del país, José Manuel Santos, y tres de los ministros económicos. Reunión infructuosa Las reuniones, con la intervención encima de la mesa, no fructificaron, pero ambas partes se levantaron de los asientos emplazados a continuar con las conversaciones ayer mismo, si bien con un menor nivel de interlocución; por parte de GNF la encargada era María Eugenia Coronado, directora general de la compañía en el país. Sin embargo, ayer, muy temprano, Germán Arce, el ministro de Minas y Energía, remitió un tweet del siguiente tenor: “Suspendida negociación con @gnf_es por falta de acuerdo en capitalización @ElectricaribeSA Seguiremos trabajando por #CaribeUnido”. Fue la señal de alarma. Poco después, las fuerzas de seguridad del país tomaron posiciones en las oficinas de la empresa y, a las 8.00 h, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció “la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios” de la sociedad. El superintendente, José Miguel Mendoza, explicó así su actuación: “La toma de posesión de Electricaribe está respaldada por el mandato que la Constitución Política colombiana le impone al Estado, en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”. La Superintendencia recalcó en un comunicado que la Ley 142 de 1994 le habilita para actuar por dos vías: la primera, “porque la situación financiera de Electricaribe puede llevarla a una inminente cesación de pagos”; y la segunda, “porque Electricaribe no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas”. Edgardo Sojo, al frente El superintendente ha sustituido al responsable directo de Electricaribe, José García Sanleandro, por Edgardo Sojo, presidente del Comité Intergremial del Atlántico y gerente del Plan5Caribe, un ambicioso plan de inversiones eléctricas para la región en que actúa la empresa. Igualmente, ha nombrado a Javier Lastra Fuscaldo como agente especial para la filial de GNF, con autorización para “suspender o poner fin a cualquier clase de contratos existentes”. Varios políticos locales mostraron su apoyo a la intervención, que reclamaban desde hacía meses. GNF, superada la sorpresa, remitió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que daba cuenta de lo ocurrido, informando de que se trata de una medida “preventiva y temporal” y de que mantiene la consolidación de su filial por el método de integración global, esperando que no afecte a su operativa habitual. También mostraba su “total interés en cooperar con las autoridades de la República de Colombia”. Habiendo puntualizado que se trata de una intervención light, no de una expropiación, GNF “no estima” que lo ocurrido tenga “impacto sobre el ebitda [resultado bruto operativo] ni el resultado neto de Gas Natural Fenosa, así como tampoco sobre el cash-flow, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”.