El Ministerio de Economía no alentará la operación después de la acogida fría de BruselasLos principales banqueros reclaman que se haga una subasta competitiva para el grupo murciano El Gobierno ha decidido enfriar la absorción de BMN por parte de Bankia y fusionar, así, las dos entidades nacionalizadas. El Ministerio de Economía no va a alentar la integración en los próximos meses, tras detectar la frialdad a su proyecto de reordenación de los dos bancos controlados por el Estado con la que ha acogido tanto la Comisión Europea como el BCE y después de las protestas manifestadas por la mayor parte del sector. El Departamento que dirige a día de hoy en funciones Luis de Guindos lanzó la operación a finales de septiembre mediante el anuncio del fondo de rescate público (Frob) de abrir el proceso para explorar la transacción, sin renunciar a otras alternativas para el futuro de BMN. El organismo, tres semanas después, informaba de que antes de proceder a la integración iba a poner en marcha un procedimiento para comprobar el interés en el mercado por el grupo liderado por la antigua Caja Murcia. Esta información fue suministrada el última día de la visita que miembros de Bruselas y el BCE realizaban a España para verificar los progresos del programa rubricado con las autoridades comunitarias y el FMI en 2012 con motivo del rescate financiero. Seis días después, ambas instituciones publicaban sus conclusiones sobre dicha visita, en las que no sólo obviaban por completo la fusión Bankia y BMN, sino que apremiaban al Ejecutivo de nuestro país a acelerar la privatización de estas dos nacionalizadas, dando a entender que priorizaban una venta de las mismas a terceros sobre su unión. El cambio de planes de Economía, tras la frialdad de Brusela y el BCE, se ha reforzado al comprobar cómo los responsables de la banca mostraban públicamente uno tras otro su oposición a la fusión y reclamaban una subasta para BMN. Únicamente, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, defendió sin titubeos la absorción de la murciana por Bankia. El resto de directivos reivindicaron una puja. La primera que rechazó los planes de Economía fue la número dos de Bankinter, María Dolores Dancausa, que fue además la que se pronunció con mayor contundencia. “Bankia lo que tiene que hacer es devolver las ayudas públicas antes de hacerse con BMN”, porque, de lo contrario, se alterarían las reglas del juego a mitad del partido y se daría una mayor ventaja que al resto de competidores, dijo. La fusión de las nacionalizadas llevaría al Gobierno a aplazar los periodos marcados para la privatización de ambas, con el fin de poder recuperar la mayor parte de las ayudas concedidas a Bankia y BMN, que ascienden a más de 24.000 millones. El plazo para llevar a cabo la desinversión concluye a finales de 2017, en el caso de la primera, y en marzo de 2018, en el caso de la segunda. El Ejecutivo tendría que cambiar la legislación nacional para extender el tiempo en Bankia, ya que la fecha fue fijada en una normativa impulsada por el Departamento que dirige De Guindos. La decisión final que adopte el Ejecutivo tras la nueva postura dependerá de las valoraciones que se realicen. El Frob recibirá hasta mediodía de mañana las ofertas de los consultores externos para analizar cómo y a qué precio Bankia se haría con BMN, además de calibrar las posibilidades para la recuperación de las ayudas. Una vez hecha esta valoración, que tendrá que estar concluida para primeros de febrero, el Frob iniciará una segunda fase, en la que se contratará a otro experto para verificar el apetito de terceros. En los últimos días las grandes entidades no han descartado participar en este proceso, de ponerse en marcha, salvo Bankinter, aunque han declarado que sus prioridades pasan por un crecimiento en España a través de una aumento del negocio sin adquisiciones. Es decir que su interés es mínimo, pero que dependerá de las condiciones. En otras subastas de nacionalizadas, el Estado ha ofrecido a los compradores determinadas garantías para minimizar pérdidas de activos en problemas y costes extraordinarios -judiciales la mayor parte-. Bankia rechaza más ayudas Quien, en principio, no pretende solicitar este tipo de ayudas es Bankia. Su consejero delegado, José Sevilla, descartó que su grupo fuera a reclamar esquemas contra pérdidas en una previsible absorción de BMN. Lo que sí indicó es que sus intenciones pasan por materializar la operación a través de un canje de acciones beneficioso para sus accionistas minoritarios. Las esperanzas del Gobierno están puestas en Bankia para recuperar buena parte de las recursos públicos destinados al saneamiento del sistema financiero durante la crisis. La nacionalizada que preside José Ignacio Goirigolzarri cree que la integración de BMN le aportaría complementariedad de negocio y sinergias de costes. La probable integración de las nacionalizadas no se ejecutará hasta el próximo verano, tal y como adelantó a principios de octubre el propio Goirigolzarri. Bankia pretende, con ello, que la operación se materialice una vez haya expirado el plazo que tiene para adquirir o aglutinar entidades. Su plan de rescate le impide realizar compras hasta finales de junio de 2017. Logre o no llevarse el gato al agua con la integración de BMN, una vez que el Gobierno ha alterado los planes previstos, la principal nacionalizada aspira a que durante el próximo ejercicio el Frob reanude la desinversión de su participación para acelerar su privatización. Desde comienzos de 2014, el Frob no se deshace un paquete de títulos de la entidad. Entonces, se desprendió de un 7,5 por ciento a un precio de 1,51 euros por títulos. La cotización ha estado siempre por debajo desde aquel momento, lo que ha impedido una nueva colocación. El número dos de Bankia confía en que los inversores vuelvan a apostar por el sector financiero en los próximos meses, ahora que los efectos de los tipos negativos empiezan a tocar suelo sobre los ingresos. Desde la venta, la participación del Estado en la nacionalizada no ha parado de subir, hasta el 65,4 por ciento, como consecuencia de los procesos judiciales y los arbitrajes con accionistas que acudieron a la salida y los preferentistas.