La cifra de Unespa estima la factura de una norma que dispara los informes y la nómina de auditores o tasadoresLa avalancha de requerimientos y prácticas introducidas con las nuevas reglas de capital pasan una gruesa factura al seguro. La simple implementación de Solvencia II cuesta alrededor de 250 millones de euros, estimó ayer la presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos. Un esfuerzo significativo para una industria que el pasado ejercicio ganó 3.656 millones de euros, pero donde las primeras diez entidades copan un 80 por ciento del mercado y hay cientos de pequeñas firmas. La cifra compendia la carga administrativa, sin cuantificar la factura directa en recursos propios por requerimientos de capital, y se aproxima a la estimación de la propia Dirección General de Seguros, avaló ayer Flavia Rodríguez-Ponga, responsable del organismo, en el foro anual que organiza sobre el sector el Instituto de Auditores Internos de España con la colaboración de MMT Seguros. El gran avance de la normativa, en permanente revisión y debate desde 2011, es que obliga a acopiar capital en función del riesgo realmente asumido por las compañías en negocios, estrategias e inversiones; frente al cálculo en base al balance vigente hasta ahora. Las nuevas reglas multiplican el ejercicio de reporte de datos e información y transforma la gerencia, con la imposición de prácticas y esquemas de buen gobierno antes inexistentes. Un salto cualitativo que, en la práctica, se traduce en esfuerzo en reporte de información, ejercicios de auditoría, valoración y tasación que disparan una factura que podría ser muy costosa de soportar para pequeñas compañías. La presidenta de Unespa subrayó la fortaleza con que la industria ha encarado Solvencia II, puesto que, a pesar del cambio de paradigma, el capital supera en más de 2,5 veces la solvencia exigible. Gonzalez de Frutos subrayó que la norma, casi recién aprobada, se encuentra ya en revisión. El supervisor europeo (Eiopa, por sus siglas en inglés) analiza, a instancias de la Comisión Europea, la implantación de aspectos relacionados con las exposiciones a autoridades regionales o locales, las diferencias de tratamiento entre banca y seguros para esas exposiciones; o la capacidad de absorción de los impuestos diferidos, entre otros.