Pedirá la nulidad del acuerdo del pleno y estudia una demanda patrimonialEl presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, avanzó ayer que presentarán en las próximas semanas un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que reclamarán la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que rechazó este proyecto en el desarrollo conocido como Operación Chamartín el pasado 25 de mayo. Béjar detalló en una entrevista con Ep que, “más adelante” y de proseguir la situación de “bloqueo”, los servicios jurídicos de DCN presentarán una demanda por daño patrimonial y perjuicios económicos contra el Consistorio al rechazar un plan que cumple con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin motivación técnica. El presidente de Distrito Castellana Norte -entidad propiedad de BBVA y Grupo San José- expresó su “desilusión” y “decepción” con la postura adoptada por el Ayuntamiento de denegar su plan para el desarrollo con criterios “fundamentalmente políticos, no técnicos ni jurídicos”. Sobre si el resultado de las elecciones podría cambiar la postura del Ayuntamiento y facilitar la negociación, Béjar indicó que el equipo municipal ha expresado “públicamente que su posición iba a depender fundamentalmente” de la decisión política que pudiera adoptar el Ministerio de Fomento en caso de que se produjera un cambio político. “El Ayuntamiento tendrá que tomar una decisión al respecto. Mientras tanto, nosotros no nos quedaremos parados y es nuestra obligación defender nuestros derechos cuando entendemos que no han sido tratados adecuadamente”, aseguró el presidente de DCN. “Estamos convencidos que los tribunales van a anular la decisión del Consistorio, consideramos que los motivos empleados son de nulo derecho”, apostilló para señalar que, según el criterio que expondrán en su recurso, el Consistorio solo puede rechazar la aprobación definitiva del plan si se aducen razones de interés general cuando el Consistorio, en su opinión, ha aducido “motivos formales menores”. Por otra parte, Béjar señaló que los cerca de 300 particulares que son propietarios de terrenos están legitimados para recurrir el rechazo a la aprobación definitiva de su plan y que si se dirigen a la sociedad para buscar asesoramiento, se lo facilitarán: “Si los tribunales condenan al Ayuntamiento, no van a condenar a un partido político sino a la institución y lo van a pagar todos los madrileños”. A su vez, afirmó que el “bloqueo” del Consistorio al rechazar su plan y presentar Madrid Puerta Norte, es un “perjuicio” para los madrileños con una propuesta que no llega a ser ni un proyecto realista. Cifuentes no recurre Por su parte, la Comunidad de Madrid no tiene previsto emprender acciones legales por la paralización de la Operación Chamartín, afirmó ayer la presidenta, Cristina Cifuentes. En este sentido, explicó que no tienen previsto emprender acciones legales porque la Comunidad no había hecho inversiones previas a pesar de que “es verdad que algunos de los terrenos pertenecen al Canal y a Metro de Madrid”. La popular consideró que más allá de ser un “perjuicio directo a las arcas de la Comunidad es un perjuicio a los madrileños” por unas infraestructuras que no se van a construir. Además, “se dejarán de crear miles de empleos”.