Las universidades de Cataluña han previsto que tendrán 2.000 profesores jubilados de aquí a 2022; profesionales que se sustituirán, por un lado, con contratos permanentes donde las universidades pueden elegir si optan por la vía del concurso público o por el plan Serra Húnter, y no permanentes, por otro lado. Esto permitirá ahorrar unos 10 millones de euros cada año a la Generalitat, según prevén los presupuestos y la ley de medidas fiscales que los acompaña y que se debaten las próximas semanas. Los nuevos docentes que se contraten pretenden ahorrar dinero a la Administración, puesto que el plan Serra Húnter ofrece contratos laborales, no plazas de funcionarios. Ese programa prevé la incorporación de unos 500 nuevos profesores en las universidades públicas catalanas hasta el año 2020, que serán seleccionados en base a criterios de excelencia internacional. Está financiado por el Gobierno de la Generalitat y el conjunto de las siete universidades públicas catalanas. El plan existe desde 2004 y hasta 2011 había permitido a las universidades catalanas contratar 482 profesores con el 50 por ciento del sueldo pagado por la Generalitat. Relacionado con este tema, acaba de publicarse una sentencia del TC, en la que se indica que las universidades no pueden obligar a los funcionarios docentes que trabajan en organismos o instituciones vinculados a ellas a jubilarse a los 65 años sin cobertura legal. La ley establece la jubilación forzosa de este colectivo docente a los 70 años.