La Comunidad de Madrid concedió subvenciones a la asociación, que sobrepasaron los 470.000 eurosLa organización de Pineda incumplía varias de las condiciones de las convocatorias públicasAusbanc podría haber conseguido en los últimos años importantes subvenciones de forma irregular. Es lo que sospecha el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye la causa tanto contra esta organización como contra Manos Limpias, por los presuntos delitos de extorsión y fraude procesal. La investigación se está centrando, fundamentalmente, en algunas de las subvenciones que la organización habría recibido tanto del Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, como de la Comunidad de Madrid, durante la etapa de Esperanza Aguirre. En el auto con el que el magistrado dictó prisión para los presidentes de ambas asociaciones -Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente-, se se señala que está pendiente todavía el análisis de toda la documentación, pero se apunta también que “a la vista de lo hasta ahora actuado se infiere que Ausbanc no podría acceder a la concesión de dichas subvenciones, puesto que no cumpliría con alguno o algunos de los requisitos exigidos en las mismas”. Así, por ejemplo, hay casos en los que “no se llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria” . Y otros en los que se habrían contabilizado como socios, a efectos de conseguir las subvenciones, “al asociado adherido, una figura inventada por Ausbanc”, según el juez. Pero no sólo es eso. En prácticamente todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, “lo que no se cumplía”, ya que todos los miembros de su dirección recibirán retribuciones, tanto de la asociación “como de otras empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc”. Pedraz sospecha, además, de una ayuda otorgada por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid en el año 2004, que ascendió a 309.774 euros. Pedraz apunta en este caso que la subvención se otorgó para la orientación profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo, y cuestiona si Ausbanc, como asociación de consumidores, “estaba capacitada para atender las necesidades que se requerían”. Sin embargo, ésta no fue la única subvención que recibió la asociación de Pineda de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Aguirre. La Consejería de Economía y Hacienda le otorgó en 2010, con Antonio Beteta, una subvención de 94.464 euros. Fue una cantidad muy superior a las que recibieron el resto de organizaciones de consumidores en esta convocatoria, que oscilaron entre los 837 euros y los 71.250 euros de ayuda. En la misma línea, y tan sólo un año después, la misma consejería le concedió otra subvención de 48.096 euros, y de nuevo fue la más alta repartida entre el resto. Finalmente, en el año 2012, Ausbanc recibió una tercera aportación pública de 21.449 euros, y, aunque la cuantía fue inferior a las de años anteriores, siguió siendo también la más cuantiosa. Expulsión de los registros El Ministerio de Sanidad, que controla el registro de asociaciones de consumidores a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), expulsó por primera vez a la asociación de Luis Pineda del registro en el 2005. Sanidad alertó en esa ocasión de que Ausbanc estaba llevando a cabo publicidad comercial para financiarse a través de aquellos a los que decía defender, vulnerando de este modo la independencia obligada por ley a este tipo de asociaciones. Luis Pineda, sin embargo, consiguió volver a entrar en el registro de organizaciones de consumidores en el año 2012, ya con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad. Precisamente, el mismo año que Ausbanc logró volver a formar parte de la lista estatal, el Ministerio le concedió una subvención por 112.350 millones de euros. Un año después, Sanidad volvió a otorgarle una segunda ayuda pública por valor de 108.200 euros. La asociación de Pineda no corrió la misma suerte un año después. Sanidad expulsó en 2014 y por segunda vez a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. El Ministerio acusó entonces a la asociación de falta de transparencia e independencia. Por el momento, la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes, ya abrió el pasado martes un expediente para estudiar también la expulsión de Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores autonómico, aunque la resolución no se conocerá hasta dentro de tres meses.