Los 40.000 millones aflorados con ella pagarían ahora multas del 20% o el 150% sobre impuestosFiltraciones como la de los papeles de Panamá demuestran que el perdón al defraudador no sirveLas maltrechas finanzas públicas españolas estarían ahora en una situación algo más desahogada si los 40.000 millones de euros que afloraron con la polémica amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 fueran detectados ahora por la Agencia Tributaria. Si esa cantidad fuera la que el fisco detectara ahora en el exterior, la Ley impondría al defraudador una multa del 150 por ciento sobre impuestos -a instancias del modelo 720, que hizo obligatoria la declaración de bienes en el exterior- y garantizaría unos ingresos de al menos 15.000 millones, cantidad más que suficiente para enjugar el desvío actual del déficit público. Fuentes de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reconocen que la amnistía fiscal, que causó un enorme revuelo entre los partidos de la oposición y los contribuyentes -pues en aquel año debieron padecer sendos incrementos del IRPF y del IVA- fue “un absoluto fracaso” precisamente por el hecho de que “no logró su objetivo, que era el de que aflorara patrimonio oculto en paraísos fiscales como es el caso de Panamá”, pero permitió abonar cantidades “mínimas”, del 3 por ciento, a verdaderos defraudadores que hoy, con las nuevas reglas, no lo hubieran tenido tan fácil. De aquellos 40.000 millones aflorados, apenas se abonó al fisco el 3 por ciento, 1.200 millones. Además, “mucho patrimonio permanece oculto” en paraísos fiscales, por lo que no resulta “extraño” tomar como base la cantidad declarada en la amnistía fiscal. “Podríamos hablar de mucho más”, aseguran las fuentes de los Inspectores de Hacienda en base a diversos informes elaborados por partidos políticos y organizaciones internacionales. Un impacto multimillonario Si los defraudadores con 40.000 millones en el exterior tampoco se hubieran acogido a la declaración de bienes en el exterior del modelo 720, a día de hoy hubieran tenido que abonar multas multimillonarias. En concreto, esas cantidades tributarían, salvo excepciones, como rentas del ahorro al 21 por ciento o rendimientos de capital inmobiliario al 27 por ciento, pero hubieran recibido una penalización del 150 por ciento sobre el impuesto. Eso equivale, en la práctica, a abonar a tipos de entre el 31,5 y el 40,5 por ciento, lo que hubiera hecho ingresar a la Agencia Tributaria cantidades de entre 12.600 y 16.000 millones. La cantidad, en cualquier caso, oscila en torno a los 15.000 millones teniendo en cuenta los intereses de demora. El presidente de IHE, José Luis Groba, cree que el cálculo de los 12.600 millones “resulta incluso conservador”. “La normativa se ha endurecido mucho. Por eso el perdón de la amnistía, en su momento, fue un absoluto fracaso para el erario público”, explica. En cualquier caso, este experto pide distinguir el tipo de contribuyente que se acogió de la amnistía fiscal del que en último tiempo esconde su dinero en paraísos como Panamá. “Quienes están en un paraíso fiscal entendieron en su momento que estaban perfectamente protegidos, y por eso no declararon al fisco su dinero en la regularización del año 2012”, indica. Groba no es capaz de dar cifras de la magnitud del patrimonio de españoles que permanece oculto en la lista de paraísos fiscales, aunque sí explica que hay estimaciones de que solo a través de estos lugares “la Agencia Tributaria podría recuperar otros 10.000 millones de euros”. El presidente de IHE asegura, para orientar en torno al poder de evasión de los grandes defraudadores, que los paraísos fiscales esconden hoy por hoy cantidades que equivalen “a dos veces el PIB de EEUU”, es decir, unos 30 billones de euros. Esa cifra es similar a la de la riqueza de España multiplicada por 30. “Y de todo ese patrimonio, un tercio pertenece a apenas 91.000 personas”, continúa, para explicar por qué los escándalos de evasión, por mucho que se separen en el tiempo, terminan por afectar casi siempre a las mismas personas, empresas y familias. Cerco al defraudador Desde que el mundo occidental cayera en la peor crisis que se recuerda desde las postrimerías de la II Guerra Mundial con la consiguiente presión sobre las finanzas públicas de los países, la política de tolerancia cero al defraudador se ha extendido como la pólvora. Y todo ello, pese a sorprendentes decisiones como la que allá por 2003 extrajo a Panamá de la lista de paraísos fiscales. La aprobación del modelo 720 en España en el año 2012, con el que han aflorado hasta el verano pasado en torno a 126.000 millones de euros de españoles en el exterior según los datos que aportó en su día el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, evidencia de algún modo como se han endurecido las políticas contra la elusión fiscal, tan dañina para las cuentas públicas en momentos de crisis. Aquel procedimiento superó con holgura en números al perdón de la amnistía fiscal, a la que se acogieron en torno a 30.000 personas (cifra que reconoció el Ministerio de Hacienda). Y ahora, al margen de la presión del poder legislativo, aparece el periodismo. La exclusiva de los papeles de Panamá, en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) pone de relieve que el cerco al evasor se ha estrechado con fiereza. “Estamos detectando un gran nerviosismo en los grandes despachos de abogados”, reconoce a este periódico un alto cargo de la Agencia Tributaria, quien da por hecho que tras la exclusiva panameña vendrán otras más. Porque la lista de paraísos fiscales sigue siendo aún muy elevada se mire la fuente que se mire. La legislación española, por ejemplo, habla de 48 jurisdicciones en estos términos, con localizaciones como Bahamas, Antigua y Barbuda, Gibraltar y hasta Chipre. Lugares en los que pueden existir “verdaderas fortunas” que, de declarar su patrimonio en el lugar correcto, impactarían de lleno en las finanzas de los Estados y contribuirían a aliviar la enorme presión fiscal sobre ciudadanos y empresas. El control no solo no va a cesar sino que se va a incrementar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, está impulsando un acuerdo en el que se han implicado hasta 132 países para colaborar en materia fiscal. A medio plazo, en 2018, esa mayor cooperación se traducirá en una gran base de datos fiscales y de patrimonio a nivel internacional a través de la cual el fisco de cada uno de esos países podrá consultar de manera instantánea la información que considere relevante de un contribuyente a lo largo y ancho de todos esos territorios. Será el último golpe contra el defraudador, que hasta ahora había logrado saltarse los controles por las famosas offshore y otras fórmulas complejas pero que ahora, por la presión social, política y periodística tendrá un motivo más para regularizar su situación de manera legal.