El Ejecutivo quita tras 30 años la póliza para los 7.000 empleados de la UniversidadLa Clínica de Navarra se ha convertido en la última víctima de la sanidad privada y su tormentosa relación con buena parte de los nuevos gobiernos regionales de izquierdas. En este caso, el Gobierno foral -compuesto tras las últimas elecciones por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida- ha decidido dar carpetazo al convenio de colaboración que desde hace más de 30 años mantenía la administración regional con el afamado centro sanitario ubicado en Pamplona. Según este contrato, los trabajadores de la Universidad de Navarra y sus familiares, unos 7.300 en estos momentos, han podido elegir recibir la asistencia sanitaria en la Clínica de Navarra en lugar de en los servicios sanitarios de la red pública. Este convenio suponía al Gobierno foral unos 5 millones de euros anuales, lo que suponía entre 700 y 800 euros al año por beneficiario. El convenio finalizaba el 31 de diciembre de 2015 y el Gobierno presidido por Uxúe Barcos ha decidido no renovarlo tras una prórroga que se extenderá hasta el 1 de mayo. Desde el ejecutivo regional defienden criterios “jurídicos y económicos” para tomar tal decisión, además de haber considerado como “prioritaria” esta decisión tras estar recogida en el acuerdo entre los cuatro partidos que dio origen al nuevo gobierno. Entre los aspectos económicos, la Consejería de Salud que si en 2015 el Gobierno foral financió el concierto con 5,1 millones de euros, al Servicio Navarro de Salud le costará 3,2 millones dar esa misma atención en los centros sanitarios públicos. La Clínica de Navarra defiende este convenio afirmando que esa misma atención en los centros públicos asciende a unos 1.200 euros por paciente, según los propios datos de la Consejería de Salud, lo que haría subir este coste a más de 8 millones al año. La atención sanitaria que se presta en la Clínica a los profesionales de la Universidad de Navarra (propiedad ambas del Opus Dei) se remonta a 1982 cuando el centro adquirió la condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social para la prestación voluntaria de la asistencia sanitaria de sus trabajadores y familiares beneficiarios, a cambio de la correspondiente compensación por parte del Gobierno central. Debido a cambios normativos que llevaron a la extinción legal de las entidades colaboradoras, en 2008 se alcanzó un convenio con el Gobierno foral por el cual la Clínica viene prestando asistencia sanitaria a los trabajadores a cambio de una compensación económica de unos 5 millones anuales. El 3% de los ingresos La pérdida de este contrato supondrá para la clínica alrededor de un 3 por ciento de sus ingresos y 1 por ciento de los ingresos totales de la universidad. “Aunque sobre el volumen total no sea mucho, es suficiente para desequilibrar nuestra cuenta de resultados”, ha reconocido el rector de la Universidad, Alfonso Sánchez-Tabernero.