La Audiencia Nacional propone iniciar el juicio oral tras concluir la instrucciónEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha cerrado la instrucción de caso de las tarjetas black de Caja Madrid y ha propuesto al fiscal la apertura del juicio oral en las próximas semanas. En un auto dictado ayer, el magistrado sostiene que, tras la investigación llevada a cabo, hay indicios de delitos de administración desleal o de apropiación indebida por el uso de las visas. Aclara que serán las acusaciones las que determinen finalmente las que concreten la calificación jurídica de los hechos. La decisión judicial apunta a 66 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia por el gasto de 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012 de manera irregular, en contra de la legislación autonómica de cajas de ahorros y sin declararse al fisco este dinero como retribuciones. En algunos casos adicionales, los delitos han prescrito y, por tanto, se ha sobreseído la causa contra ellos. Entre los imputados cabe destacar la presencia de los expresidente, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, del exdirector de Medios y gestor de las visas, Ildefonso Sánchez Barcoj, y un sinfín de políticos miembros de los órganos de gobierno de la entidad madrileña. Los movimientos de las tarjetas B, que no tenían validez contractual y tenían como finalidad gastos personales, reflejan infinidad de compras en artículos de lujo, electrodomésticos, comida, bebida y viajes con alojamientos 5 estrellas. “Remuneración irregular” En el auto, el juez describe un relato de hechos y declaraciones de los acusados que ponen de manifiesto que los gastos efectuados no corresponden con la finalidad por la que fueron creadas las tarjetas de Caja Madrid en 1995, bajo la presidencia de Jaime Terceiro. Éstas fueron concebidas exclusivamente para gastos de representación, es decir, aquellos destinados a cubrir los generados como consecuencia del ejercicio del cargo o como medio de su ejercicio, y siempre en beneficio de la entidad. Nunca para uso propio. Estas tarjetas, con el paso de los años y bajo la presidencia de Blesa se fueron entregando a miembros del consejo de administración, directivos y vocales de la comisión de control con usos distintos, “convirtiéndose en una remuneración irregular” y con “límite”, de entre 45.000 y 50.000 euros al año, sin necesidad de justificar su utilización. El caso de las tarjetas black forma parte de la macrocausa contra Bankia, por la salida a bolsa, que incluye también la comercialización de participaciones preferentes de manera irregular por parte de Caja Madrid. La investigación judicial se produjo a raíz de la denuncia presentada por el fondo de rescate público, actual máximo accionista de Bankia, después de que los correos de Blesa develaran el reparto de estas visas a una serie de administradores y ejecutivos de la entidad. Los correos formaban parte de la instrucción del caso de la compra de City National Bank of Florida por parte de Caja Madrid, que ha sido recientemente archivado. El auto de Andreu permite la presentación de recursos de apelación en un máximo de cinco días e insta al fiscal a fijar en diez días la apertura del juicio oral.