Se llamará Patrimonio de Chamartín y ya ha contactado con Fadesa y Sacyrmadrid. La nueva empresa se llamará Patrimonio de Chamartín y servirá para que los propietarios de los terrenos expropiados en los años 50 en los que se construyó la estación de Renfe en el barrio de Chamartín consigan que se les escuche.O al menos es lo que persiguen con la creación de esta nueva sociedad, que ya ha iniciado los trámites para su constitución en el registro mercantil de Madrid, según ha podido saber elEconomista. La Asociación de Reversionistas (compuesta por 1.100 familias, propietarias de 800.000 metros cuadrados de suelo en los actuales terrenos donde se ubica la estación de Renfe) piden que les sean reconocidos sus derechos de reversión.En los años 50, les fueron expropiados sus terrenos para construir la estación, pero la ley dice que en el caso de no ejecutarse la obra, no establecerse o desaparecer el servicio que motivó la expropiación, el primitivo dueño o sus herederos pueden recuperar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado.El Ministerio de Fomento aún no ha reconocido los derechos, a pesar de que el uso del suelo cambiará a urbanístico. En la Operación Chamartín, la mayor de Europa, está prevista la contrucción de miles de viviendas, con unas plusvalías estimadas en 8.500 millones.La nueva empresa constituida por los reversionistas, Patrimonio de Chamartín, se solapará con otra que ya hay formada desde el año 1993, Desarollos Urbanísticos Chamartín (Duch), propiedad del BBVA y de la constructora San José. Esta empresa fue la adjudicataria de los derechos de gestión sobre la Operación Chamartín. Pero en realidad no posee los terrenos porque no ha pagado los derechos de reversión, según opinan los propietarios. Patrimonio de Chamartín está dando entrada en su capital a toda empresa que quiera estar presente en el megaproyecto. Hasta ahora, los reversionistas han mantenido conversaciones con Fadesa y Sacyr Vallehermoso, ambas sumamente interesadas en construir y obtener su parte del pastel en la mayor operación urbanística de Europa, según confirmaron ayer ambas compañías a este diario. La nueva empresa, Patrimonio de Chamartín, persigue convertir en patrimonio los derechos sobre el suelo y que éstos pasen a ser un activo de la sociedad. Las empresas que entren en el capital de la nueva sociedad por ahora no tendrán que aportar dinero. Pero en el futuro, cuando se desbloquee la operación, tendrán que abonar unos 500 millones de euros, que es la cifra que los reversionistas calculan que les corresponde por ley.Dificultades políticas"La dificultad que hay es el tema político", aseguraba ayer el directivo de una constructora interesada en el proyecto. "Y eso tiene una solución muy complicada. Claro que queremos construir ahí, pero hemos decidido no meternos hasta que no se aclaren las tres administraciones".El problema al que se refiere este empresario es el contencioso que mantienen las tres administraciones involucradas en la operación. Por un lado, el Ministerio de Fomento, que será en última instancia quien deberá determinar si los reversionistas tienen razón y cuánto dinero les corresponde. Ningún portavoz quiso hacer ayer comentarios al respecto.Por otro lado, está la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, y el Ayuntamiento de la capital, regido por Alberto Ruiz Gallardón, quienes siempre se han opuesto a la idea que Fomento tiene de lo que debe ser la operación. Coinciden en que una parte del suelo debe ir a vivienda social, pero los dos demandan a Fomento más inversión en infraestructuras.