La decisión del juez de liquidar la sociedad concesionaria de la autopista de peaje Eje Aeropuerto de Barajas, propiedad al 100 por cien de OHL, y el recurso que el Ministerio de Fomento anunció que interpondrá ante la Audiencia Provincial de Madrid, como ya hiciera con la AP-36 Ocaña-La Roda, fue ayer uno de los asuntos más manidos durante la presentación del informe de A.T. Kearney sobre las inversiones necesarias en infraestructuras en España. A preguntas de los periodistas, el presidente de Seopan, Julián Núñez, lamentó que la liquidación de las concesiones de autopistas en España "no da buena imagen de tranquilidad" para los inversores. El portavoz de las constructoras da por finalizadas las opciones de alcanzar un acuerdo con el actual Gobierno y emplazó al próximo Ejecutivo a retomar la negociación y tratar de resolver la situación "si aún se está a tiempo", advirtió. No en vano, el fallo de los juzgados, y a falta de la resolución de la Audiencia Provincial, obliga al Estado a pagar a las concesionarias la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA), que en caso de la M-12 asciende a un máximo de 305 millones y en el de la AP-36 de 487 millones. Núñez cifró que el coste para las arcas públicas por las nueve autopistas en quiebra ascenderá a 5.500 millones si no se adopta una solución antes (en marzo Seopan estimó 5.700 millones, que con los intereses superaría los 8.000 millones). No obstante, admitió la complejidad del caso por la ausencia de antecendetes similares con la RPA.