Los gobiernos han protegido a las empresas de los costes de política energéticaDesde el año 2008, la electricidad ha subido un 73 por ciento para los hogares, un 9 por ciento para las industria de tamaño medio y un 7 por ciento para las grandes empresas. La razón: el modo en que se han distribuido los costes derivados de la política energética -ayudas a las renovables, intereses del déficit de tarifa, compensaciones territoriales para que haya un precio único en todo el país...- entre los consumidores. Así se recoge en el informe Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: una perspectiva española, elaborado por David Robinson, un reconocido experto internacional en la materia, que fue presentado ayer en Madrid. Para este especialista "las decisiones del Gobierno castigan más a los pequeños consumidores, porque tienen menos capacidad de reducir su consumo y de buscar alternativas". Robinson considera que todos los elementos que son ajenos al suministro de energía -generación, transporte y distribución- son una cuña gubernamental, que distorsiona el mercado. En la actualidad, esa cuña supone el 46 por ciento del recibo doméstico -era el 32 por ciento en 2008-, el 28 por ciento de la factura de las industrias medianas y el 20 por ciento de las grandes. Los costes más importantes de la cuña son los derivados de la política climática, como el fomento de las renovables. Además, en la UE -y por lo tanto, en España-, se han incluido esos costes sobre los consumidores de electricidad, mientras que en EEUU se han empleado otro tipo de herramientas, como la fiscalidad, para cargarlos sobre los contribuyentes. Por ende, en la UE, el precio de la luz para el segmento doméstico ha escalado un 34 por ciento durante el período contemplado, mientras que en EEUU el incremento ha sido del 18 por ciento; para la industria, en la UE, ha subido un 22 por ciento, mientras que en EEUU sólo un 6 por ciento. Esta intervención en el mercado tiene varios efectos perniciosos: en primer lugar, reduce el bienestar de los consumidores residenciales; en segundo, provoca una redistribución de riqueza impropia del sector eléctrico; en tercero, perjudica la competitividad de las empresas -a pesar de que soporten una menor cuña-, lo que aumenta el paro y reduce el crecimiento económico; en cuarto, genera distorsiones en el mercado eléctrico, porque hay actores que reciben pagos fuera de él gracias a la cuña; y en quinto lugar, merma la competitividad de la electricidad frente a los combustibles fósiles, lo que dificulta reducir la intensidad de carbono y favorece decisiones como desconectarse del sistema eléctrico. La receta de Robinson para resolver el problema incluye un impuesto al carbono o trasladar costes a los Presupuestos Generales del Estado, tras una negociación política para decidir cuáles -apuesta por la compensación territorial y "parte" de las ayudas a las renovables- y decidir, transparentemente, quiénes se van a beneficiar de la subsiguiente bajada de precios. "Los mercados ahora están rotos y hay que buscar una forma de combinar la política climática con la energética", concluye.