El sector pagará 400 millones para que sigan avalados y computen como capitalBruselas ha dado el visto a que los créditos fiscales de la banca sigan computando como capital de máxima categoría. Para ello, el Gobierno se ha comprometido a modificar la legislación aprobada en 2013, por la que extendió un aval público sobre este tipo de activos con el objetivo de que las entidades no registraran déficits de solvencia. El Ministerio de Economía va a introducir cambios normativos en el Impuesto de Sociedades para evitar que la UE considere esta garantía como ayuda de Estado, asunto por el cual había abierto una investigación para determinar si incumplía la legislación comunitaria. El Estado, a partir de 2016, va a cobrar un interés del 1,5 por ciento por estos avales, con lo que podría recaudar unos 419 millones teniendo en cuenta los créditos que están garantizados a cierre de 2014. Estos alcanzan 28.000 millones (el 68 por ciento del total), que fueron los generados durante la crisis. El 32 por ciento restante (12.000 millones) también seguirán contribuyendo al ratio de capital, a pesar de no contar con ningún aval, ya que las entidades tienen adelantado la tributación correspondiente por los mismos. Para llegar a cabo esta reforma, el Gobierno introducirá una enmienda en los Presupuestos Generales para el próximo ejercicio, cuyo trámite ya ha comenzado. La cifra que abonarán a las arcas públicas los bancos, previsiblemente, será menor porque activarán este año parte de estos activos hasta el máximo que permite la legislación aún vigente, es decir, hasta un 30 por ciento de los beneficios. La modificación de la legislación permitirá cerrar la investigación que mantenía Bruselas a España por este asunto y despeja cualquier incertidumbre al respecto en los mercados. La medida, que fue anunciada ayer, es fundamental para algunas entidades, especialmente las rescatadas y las de mediano tamaño, que habían acumulado una cantidad importante de activos fiscales diferidos y que no habían podido utilizar. Por ejemplo, Bankia cuenta con unos 7.000 millones de DTAs, de los que unos 5.500 están garantizados por el Estado, y el Sabadell, 6.500 millones, de los que están avalados 5.500 millones. Repercusión en bolsa De no haberse alcanzado un acuerdo con Bruselas, estas dos entidades y otras tendrían que haber adoptados planes específicos para recapitalizarse, tales como la emisión de nuevas acciones, recorte de dividendos para retener beneficios y disminución en la concesión de préstamos a la economía. Pero el cambio normativo aleja este tipo de decisiones, hecho que se vio reflejado en la bolsa. Bankia y Sabadell escaparon de la caída general del Ibex 35 -que perdió el 1,2 por ciento- y se anotaron subidas del 1,3 por ciento en ambos casos. La reforma es esencial para el devenir de la banca el próximo año, sobre todo, después de que el BCE haya elevado del 8 al 10 por ciento el nivel de solvencia. Los créditos fiscales diferidos son derechos de cobro que tienen las compañías frente a la administración por determinados gastos, tales como las provisiones por pérdidas y los fondos de jubilación y prejubilación. Estos se pueden activar contra el Impuesto de Sociedades en ejercicios futuros. El aval garantiza su utilización.