La Audiencia Nacional obliga al pago de las ayudas denegadasVarapalo judicial al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La Audiencia Nacional ha condenado al Gobierno a pagar 30 millones de euros a las empresas mineras Uminsa y otros 20 millones a Coto Minero del Cantábrico correspondientes a las ayudas del 2012 y que fueron denegadas por el Ministerio de Industria en 2013. La sentencia anula las resoluciones del Instituto del Carbón, que denegaron las ayudas a la producción del carbón alegando que las dos empresas no estaban al corriente de los pagos a la Seguridad Social y exige que se dé traslado al Consejo de Ministros la petición para que se proceda al abono de las ayudas. El fallo judicial considera que las dos compañías pudieron demostrar que estaban al corriente de los pagos a la Seguridad Social en el momento de solicitar dichas ayudas. En concreto, Uminsa debía haber percibido 19.817.161 euros y 29.332.620 euros en el caso de CMC La denegación de las ayudas provocaron serias dificultades a las dos compañías, que pertenecían al empresario Victorino Alonso. Coto Minero del Cantábrico terminó entrando en proceso de liquidación y fue adjudicada a la Compañía Minera Astur Leonsa, perteneciente al empresario Rodolfo Cachero, que será ahora quien cobre las ayudas. ERE en Uminsa Uminsa solicitó en el mes de mayo de este año un expediente de regulación de empleo para toda la plantilla por un periodo de 9 meses. El expediente afectará a los 340 trabajadores de la matriz de la empresa y a los empleados del resto de contratas del grupo. A eso se unió el incumplimiento del Plan del Carbón correspondiente al periodo 2013-2018, que preveía la venta de 80.000 toneladas mensuales de minera a Endesa, aunque en esa fecha apenas llegaban a las 20.000 toneladas, lo que abocó a la compañía a solicitar la regulación de empleo.