Los sindicatos reclaman más tolerancia antes de llegar a la inhabilitaciónAl final hizo falta una ronda extraordinaria para terminar de adjudicar el dinero destinado este año al servicio de interrumpibilidad, unos 540 millones de euros, incluyendo los sistemas no peninsulares. Se celebró ayer por la tarde, y los asistentes, en líneas generales, salieron contentos del recinto ferial de Madrid en que se desarrolló. Los resultados oficiales aún se desconocen; REE, el gestor técnico del sistema y organizador de las pujas, está elaborando el correspondiente informe, que debe remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que valide todo el proceso. El regulador cuenta con 72 horas a partir del momento en que recibe el citado informe; el año pasado apenas taró 24 horas. Criterio de racionalidad Más allá del resultado concreto de las subastas, el interés se centra ahora en conocer el efecto que la inhabilitación a participar en las mismas -y la consecuente pérdida de fondos- tendrá sobre una decena de empresas. Ramón Ruiz, responsable de UGT y miembro de la Mesa de la Energía que se reunió el lunes pasado en el Ministerio de Industria, ha reclamado "un margen de error que se pueda compensar". A su juicio, hay una gran desproporción entre el incumplimiento y el efecto del mismo: "si te ordenan desconectar 90 MW y fallas por 1 MW, algo que puede ocurrir por efecto del clima, se te sanciona sin que puedas hacer nada". Igualmente, ha criticado el modo en que REE ha informado a los inhabilitados: "supongamos que vas por una carretera y te cazan tres radares, pero no te avisan de ello hasta que la suma de las tres sanciones te supone la pérdida del carnet de conducir y ya no puedes hacer nada; no es algo lógico". A su juicio, tiene que imponerse un criterio de racionalidad, "porque al final si cierran las fábricas, lo sufren los trabajadores".