Alberto Portuono es el dueño de la empresa que facturó las presuntas comisiones que se desviaron a Alemania La Fiscalía de Madrid pidió ayer prisión provisional para el empresario Alberto Portuondo, presunto testaferro de Rodrigo Rato, según la investigación que lleva su nombre. El Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión comunicada y sin fianza para el administrador de la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento SL. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el pasado domingo a Portuondo en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando se disponía a coger un vuelo con destino a México. El fiscal considera que hay riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Según el último informe de la Oficina Nacional de Investigación y Fraude (ONIF), Rodrigo Rato pudo cobrar dos millones de euros en comisiones mientras era presidente de Bankia. La operación se habría realizado a través de la compañía que Alberto Portuondo administra desde 2007. Desvío de comisiones La investigación revela que el empresario habría facturado dichas cantidades a dos agencias de publicidad que trabajaban con la entindad madrileña por unos servicios que nunca se realizaron. El informe añadía que después, ese dinero habría sido facturado una segunda vez por la sociedad Kradonara. Ésta última compañía pertenece a la empresa gibraltareña Vivaway de la que Rodrigo Rato es propietario. El informe de la ONIF asegura que el exvicepresidente podría haber remitido parte de este dinero a la firma Bagerpleta GmbH. La empresa alemana es la propietaria del hotel que el exdirector del FMI tiene en Berlín junto a su socio José Manuel Solà. "Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", argumentó la Fiscalía Anticorrupción cuando pidió al juez del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que se inhibiera de la instrucción a favor de la Audiencia Nacional. Según Anticorrupción, el nuevo informe que entregó la ONIF el pasado 21 de julio, un día antes de la declaración del exvicepresidente ante el juez, revela claros indicios de que Rodrigo Rato pudo cometer un delito de blanqueo de capitales en el extranjero.