El Ministerio pone en marcha las sanciones contra Iberia por los disturbios de El PratMADRID. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, informó ayer en el Pleno del Senado de que el Ministerio ha puesto en marcha las medidas sancionadoras y la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en relación con los disturbios producidos en el aeropuerto barcelonés de El Prat el 28 de julio. Álvarez eludió abordar el traspaso de competencias aeroportuarias y destacó que el ministerio inició esas acciones "desde la comparecencia del 10 de agosto", según Ep. La ministra contestó así a una pregunta del senador de CIU, Lluís Badia I Chancho, sobre la actuación prevista por el Gobierno para que no se vuelva a repetir la situación sufrida en el aeropuerto de El Prat. Magdalena Álvarez recordó que el Gobierno está trabajando en dos "ámbitos competenciales", uno desde el punto de vista del orden público "cuya responsabilidad ya ha asumido el Ministerio de Interior" y otro referente a la actuación del Ministerio de Fomento, "sin obviar la lealtad y responsabilidad que deben presidir las relaciones laborales entre las empresas prestatarias de servicios aeroportuarios, los sindicatos y los trabajadores". Normas del GobiernoLa creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es una de las medidas de tipo administrativo que ha tomado Fomento. La agencia permitirá al ministerio intensificar las inspecciones de los aeropuertos (sobre todo en lo referente a los sistemas de control de acceso a las aéreas restringidas y de personal autorizado) y controlar que los operadores aéreos respondan adecuadamente a las reclamaciones por incumplimiento que puedan presentar los usuarios. Otra de las medidas administrativas es el expediente sancionador que ha iniciado contra Iberia. En cuanto a la vía judicial, el Ministerio se personó en las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción que se iniciaron como consecuencia de los acontecimientos del Prat. Álvarez destacó que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) exigirá a las empresas que operan en los aeropuertos que instruyan a sus trabajadores sobre las normas a cumplir en las zonas de acceso restringido y de la "grave irresponsabilidad en la que incurren si no las cumplen". La ministra definió los hechos de El Prat como una "grave e ilícita alteración del orden público", considerando que sus causas son "próximas a un problema laboral del personal de handling de Iberia con la propia compañía".