La medida ya fue planteada hace tres años, en la época de Ana Mato, pero no llegó a aprobarseDejaría de sufragar como hasta ahora el 50% del precio de la aspirina, el paracetamol o el almaxEl Gobierno ha vuelto a rescatar una medida sanitaria que estudió hace tres años, en la época de Ana Mato en el Ministerio de Sanidad, pero que entonces no pudo llevar a efecto. La propuesta, que vuelve a estar sobre la mesa, estudia dejar de financiar como hasta ahora el 50 por ciento del precio de aquellos medicamentos de uso común indicados para dolencias leves, como la aspirina, el paracetamol o el almax. Aunque no hay aún un listado de cuáles serían los medicamentos ni las dolencias, todo hace indicar que incluiría a todos los antiácidos, laxantes, antiinfecciosos intestinales o los analgésicos y antipiréticos. La propuesta aparece recogida en el borrador del nuevo Real Decreto sobre Precios y Financiación de Medicamentos que el Ministerio de Sanidad presentará a las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará el jueves 29 de julio. En concreto, dentro del artículo que recoge los criterios para la financiación de medicamentos, el texto recoge que el Sistema Nacional de Salud "no financiará los medicamentos indicados en el tratamiento de síndromes o síntomas de gravedad menor". La redacción del texto da a entender que en principio se trataría únicamente de dejar de financiar a a partir de ahora todos aquellos medicamentos para síntomas leves o desfinanciar aquellos que han perdido su eficacia porque ha aparecido un nuevo medicamento más avanzado y de mayor eficacia. Un ahorro de 500 millones La medida tendría un impacto directo en las cuentas del gasto farmacéutico. Hace tres años, el Gobierno estimó que dejar de financiar este tipo de medicamentos podría hacer ahorrar al Estado unos 560 millones de euros al año. Según los cálculos en aquel momento del Ministerio de Sanidad, las ventas totales a precio libre de estos medicamentos alcanzan los 600 millones de euros anuales. De hecho, aplicando esta medida sólo en el grupo de los analgésicos, que engloba a aspirinas, parecetamol, ibuprofeno, dipirona o medicamentos como Efferalgan, el ahorro anual sería de 300 millones de euros. Ahora, el ahorro sería algo inferior, ya que tras la reforma del copago de medicamentos, llevada a cabo también por Ana Mato, la aportación del Estado bajó de medía del 60 al 50 por ciento. La revisión de esta lista de medicamentos financiados fue una de las prioridades de la ministra, que ya aparecían recogidas en la reforma sanitaria aprobada en el año 2012 para ahorrar unos 7.000 millones de euros en la factura farmacéutica. Según explicó entonces el Gobierno, el objetivo de esta medida era agilizar la entrada de medicamentos nuevos así como la salida de aquellos que estuvieran obsoletos o de menor valor terapéutico. Ni homeopatía ni dietéticos Además de los medicamentos para dolencias leves, el borrador del nuevo real decreto también recoge otros tipos de fármacos que el Sistema Nacional de Salud tampoco tiene intención de sufragar. En concreto aquellos medicamentos "cuya financiación no se estime necesaria para cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población española, así como los medicamentos que aún se financian y no necesitan receta médica, los medicamentos homeopáticos, los medicamentos que no se utilicen para el tratamiento de una patología claramente determinada, ni los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares", según indica el texto. Por último, el Ministerio de Sanidad abre la puerta a cerrar la financiación a aquellos medicamentos que tengan un alto precio. "Asimismo -añade el borrador- podrán no ser financiados por el Sistema Nacional de Salud los medicamentos que, aun habiendo demostrado eficacia y seguridad suficientes, se comercialicen a precios tan elevados que comprometan la viabilidad y sostenibilidad del sistema. Sanidad indica más adelante, aunque sin cifras, lo que entiende por precio elevado: "Aquel que conlleve desequilibrio presupuestario, riesgo de insolvencia para la Hacienda Pública estatal o autonómica y cualquier situación en que el incremento de coste asociado a la utilización de una nueva intervención terapéutica no se asocie a una mejora indiscutible en el estado de salud de los pacientes en los que esté indicado el medicamento".