El juez le cita tras haber descartado alzamiento de bienes y blanqueo de capitales a través de su red de empresasEl magistrado del conocido caso Rato imputó ayer al exvicepresidente del Gobierno la comisión de un presunto delito fiscal a través de su red de empresas y le citó para que declare mañana en los juzgado de instrucción número 31 de Madrid. La decisión de Antonio Serrano-Artal se produce días después de que descartara cualquier indicio de corrupción por parte del que fuera director gerente del FMI, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes para evitar cualquier tipo de responsabilidad económica por el escándalo de la salida a bolsa de Bankia. En abril la Fiscalía de Madrid, a instancias del Ministerio de Hacienda, acusó a Rato de todos estos delitos, lo que llevó a la Policía Aduanera a registrar su domicilio particular y su despacho profesional y provocó su detención durante varias horas. El exvicepresidente podrá, tras la convocatoria de ayer, dar todo tipo de explicaciones sobre su situación ante el Fisco y sobre las supuestas acusaciones de la Agencia Tributaria. Maniobra política La responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda Margarita García Valdecasas, ratificó ayer ante el juez el informe de su departamento que, supuestamente, motivó la denuncia del Ministerio de Cristóbal Montoro ante la Fiscalía. Fuentes gubernamentales, sin embargo, sostienen que el 'caso Rato' fue promovido por el propio Montoro y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para abortar la candidatura de Mariano Rajoy a las elecciones generales. La detención de Rato se produjo en vísperas de los comicios autonómicos y municipales, por lo que pudo tener un cierto impacto en los resultados del PP. Fuentes cercanas a Rato indicaron la semana pasada a este periódico que la decisión del juez de descartar el blanqueo y la ocultación de su patrimonio en el extranjero pone de manifiesto que el caso fue una maniobra política y aseguran que el delito fiscal que todavía aprecia el magistrado, finalmente, quedará en nada. El magistrado Serrano-Artal consideraba a principios de este mes que sólo ve "perfilado" el presunto delito contra la Hacienda Pública por el impago de varias cuotas del IRPF por un importe anual superior a los 120.000 euros, umbral mínimo para que tenga tal consideración. La ONIF, a través de la declaración de su responsable, mantiene por su parte que Rato hizo operaciones de despatrimonialización.