E l pago de las facturas sanitarias sigue siendo lo último que abonan las comunidades autónomas, que se han acostumbrado a esperar la nueva remesa del Fondo de Financiación Autonómica del Gobierno para ponerse al día con sus proveedores de medicamentos o tecnología. Los retrasos en los pagos han sido así generalizados durante el primer trimestre del año 2015 y distan mucho de ajustarse al límite de 30 días marcado por la ley antimorosidad. Los laboratorios representados por Farmaindustria han vuelto a acumular una deuda de 3.200 millones de euros en el primer trimestre del año, con una demora media en los cobros de 241 días. Este montante es superior en 654 millones de euros al contabilizado en diciembre de 2014, cuando el abono se situaba en 199 días. 1.000 millones de euros La situación para las empresas de tecnología sanitaria es muy similar. Desde enero de 2014, cuando los impagos se situaron en poco más de 1.000 millones de euros, la deuda no ha dejado de crecer, hasta cerrar el ejercicio pasado en 1.467 millones de euros. Este mes de enero no se ha producido un pago de facturas como en el pasado año y el importe de las facturas pendientes de cobro asciende ya hasta los 1.640 millones de euros, con plazos medios de pago de 229 días, frente a los 197 días de diciembre de 2014. El peso de los impagos en las cuentas de las empresas de tecnología es muy elevado, ya que se acerca al 25 por ciento de su facturación total en 2014 -6.900 millones de euros- y complica en extremo la actividad de las compañías más pequeñas. Más difícil lo tienen las farmacias, cuya capacidad de financiar las recetas que adelantan a los pacientes es mínima. A pesar de ello, los Gobiernos de Cataluña y la Comunidad Valenciana siguen retrasando los pagos por encima de los tres meses. La deuda con las boticas catalanas asciende a 226,8 millones de euros tras no abonarse el pasado 5 de mayo la factura de marzo y continuar pendiente el mes de febrero, por un importe de 119,5 millones de euros. En el caso valenciano, la deuda alcanza los 95 millones, pero se detectan tensiones también en los pagos en Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja. La patronal Fenin ha sido la primera en hacer balance para subrayar la mala evolución global de la morosidad durante 2015. Gloria Rodríguez, responsable de Relaciones con las Comunidades Autónomas, subraya "el cambio de cultura" que ha tenido lugar en las Administraciones Autonómicas durante los dos últimos años. "La cultura de antes era no pagar y ahora hemos pasado a un yo no pago hasta que no haya un pago extraordinario de Hacienda'", reconoce a elEconomista. Rodríguez reclama un plan de pagos a las regiones, ya que "no se pueden abonar las facturas una vez al año como hacen algunas comunidades", se lamenta. Deuda pendiente Hay que precisar que en el cómputo de la deuda pendiente en sanidad no están registrados todavía los últimos abonos realizados por las regiones con cargo a los fondos de financiación transferidos por el Gobierno el último día del mes de abril y mayo que las empresas contabilizan el mes siguiente, cuando las patronales recopilan la información para hacer balance. Desde Fenin se reconoce, no obstante, la mejoría del indicador de facturas pendientes si se compara con mayo de 2012, cuando la deuda se acercó a los 6.000 millones de euros. Gracias a los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Gobierno, se ha reducido la morosidad pública y los períodos medios de pago, aunque a costa de crear una dependencia del reparto de fondos ligados a los planes de pagos a proveedores, la nueva Facilidad Financiera o al Fondo de Liquidez Autonómico, que se ha convertido en el recurso autonómico de última hora para pagar a los proveedores sanitarios. Es el caso de la Administración catalana con las boticas, que se escudan en el supuesto retraso de la transferencia de fondos por parte del Estado para justificar sus impagos. Fenin subraya también la discrepancia que existe entre la fórmula de cálculo del período medio de pago a proveedores por el Gobierno y el mecanismo reconocido a nivel internacional y establecido como indicador de uso generalizado por la industria. El Gobierno cifra esta media de pago en los 57,44 días, muy lejos de los 229 días que contabiliza la industria, ya que en el cómputo del Ejecutivo se excluyen, por ejemplo, las facturas anteriores a 2014 y se apuntan en negativo las facturas pagadas antes de plazo.