El Consejo de Estado fuerza el cambio al estimar que no compete al supervisor El rescate de la banca concluyó pero la troika recuerda insistentemente en sus informes de evaluación que resta un fleco por resolver para considerar hechos los deberes de la reestructuración exigida: la Ley de Cajas. El texto general se aprobó, quedando a desarrollo posterior la regulación que detalla cómo se debe constituir la hucha exigida por la troika a las cajas con un 50 por ciento o más de propiedad de sus bancos filiales a fin de socorrerles en caso de insolvencia. El Banco de España colocó a consulta pública el 24 de octubre de 2014 la circular que regula dicha hucha, bautizada como fondo de reserva. Y ahora el Gobierno ha tenido que hacer suya la tarea para sacarlo del atasco, porque el Consejo de Estado consideró que el organismo supervisor carece de potestad para regular un aspecto así. Ocho meses bloqueado El proyecto de Real Decreto, puesto a audiencia pública, es casi espejo de las reglas fijadas por el organismo dirigido por Luis María Linde. A priori, difiere en que la hucha mínima a acumular será igual a un 0,6 por ciento de los activos ponderados por riesgo del banco, frente al 0,5 por ciento de la circular. El Real Decreto establece que el Banco de España podrá fijar un umbral inferior, "en atención a las circunstancias individuales de la fundación bancaria" en la que han acabado convertidas las cajas. En contraste, el supervisor se reservaba la posibilidad de exigir más, en caso de esperar "necesidades adicionales de recursos propios" del banco. La hucha es un peaje impuesto por la troika para desincentivar que una antigua caja controle un banco a fin de evitar injerencias en la gestión y erradicar decisiones del pasado que colocaron a algunas entidades al borde del abismo por asumir riesgos bajo criterios dudosos. Su volumen crecerá a medida que la solvencia del banco sea menor y si participación accionarial de la caja es grande; y se ahorrará recursos si el banco filial cotiza en bolsa. Las nacionalizaciones y fusiones han reducido el censo de fundaciones, antiguas cajas, con control sobre sus bancos a La Caixa -tiene alrededor del 59 por ciento de Caixabank-, la fundación Unicaja -un 90 por ciento del banco-; Ibercaja, con la totalidad, y Kutxabank, con la propiedad repartida entre BBK, la Kutxa y la fundación de caja Vital. La agencia de calificación Moody's estimó que en el escenario más gravoso la hucha exigible alcanzaría el 3,75 por ciento del capital del banco filial. Pero, en la práctica, se espera que todas se libren de la losa aprovechando los cinco años de plazo de que disponen para reducir la cuota por debajo del 50 por ciento -Unicaja e Ibercaja, por ejemplo, prevén salir a bolsa-. Por su coste y porque la propia norma impide destinar el dividendo de los bancos a Obra Social mientras el fondo no se haya completado. La circular del Banco de España saldrá, en cualquier caso, adelante porque regula otros aspectos como el protocolo de gestión y plan financiero de las fundaciones bancarias, o los informes de retribuciones y de gobierno corporativo exigibles. Alivio para las cajas vascas El texto del supervisor levantó ampollas en el sector y no sólo por el costoso fondo de reserva, cuya última versión se había flexibilizado. Uno de los aspectos polémicos es que consideraba concertada la cuota de cajas dueñas de un mismo banco. Fue rápidamente contestada por las fundaciones vasca y, según fuentes al corriente del proceso, se ha caído en el texto que sale tras el análisis del Consejo de Estado. Que decaiga el concierto implica que solo BBK deberá reducir posición, al controlar el 57 por ciento de Kutxabank; mientras Kutxa posee otro 32 y Vital el 11 por ciento.