La Comisión detiene el proceso por una sobrevaloración de 26 millones de eurosMADRID/bruselas. La luz de alarma se ha encendido en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) tras el retraso en la liquidación de los activos de la fábrica de motores que Izar tiene en Manises. Pese a cerrarse el acuerdo de venta de los otros tres astilleros civiles -Gijón, Sevilla y Sestao-, el proceso está paralizado en la factoría levantina tras sospechar Bruselas que hay indicios de subvención encubierta del Estado español a su único comprador: la empresa Ros Casares. Durante las últimas semanas, Sepi se ha limitado a señalar que el retraso en la adjudicación de Manises se debe a la petición de aclaraciones por parte de la Comisión pero el problema es más complicado de lo que aparenta.Desde el primer momento, Bruselas no ha visto clara la venta de Izar Manises. Primero porque sólo acude un comprador a la liquidación de la factoría (en el resto de los astilleros hay por lo menos dos opciones). Segundo porque el grupo siderúrgico Ros Casares poco tiene que ver con el negocio de Manises. Y, tercero, porque las exigencias que ha pedido el grupo valenciano a Sepi son excesivas.Precio por finalizar los pedidosEn el proceso de liquidación de los cuatro astilleros, los compradores tenían que poner un precio a lo que se denomina técnicamente "obra en curso". Se trata de calcular cuanto dinero le iba a costar a cada nuevo dueño de las factorías el finalizar los pedidos ya comprometidos. En la propuesta de Ros Casares, la valoración de esta "obra en curso" es excesiva. "Si con la valoración previa que hace Sepi su coste es de 6,5 millones de euros, la empresa valenciana exige el cobro de 32 millones de euros por terminar estos contratos ya comprometidos. Cinco veces más", explican fuentes cercanas al proceso.Cuando Sepi trasladó toda la documentación del proceso de liquidación a Bruselas, la Comisión dio luz verde al traspaso de los astilleros de Gijón, Sevilla y Sestao a Factorías Vulcano, Astilleros de Huelva y Construcciones Navales del Norte (CNN) respectivamente pero, en el caso de Manises, paralizó la operación. "Si el Gobierno español pagase ese dinero a Ros Casares por terminar los contratos ya comprometidos podría interpretarse como una subvención estatal encubierta", aseguran las mismas fuentes. Precisamente, los astilleros públicos civiles de Izar han llegado a esta situación después de que Bruselas obligará a España a devolver más de 1.200 millones de euros por ayudas ilegales a la compañía. Para resolver el problema, la Sepi tuvo que segregar el negocio militar de Izar, el más rentable, y creo Navantia para salvarlo. El resto de los astilleros, los menos rentables, son los que se están liquidando en la actualidad.En el caso de que Sepi no llegue a un acuerdo contractual con Ros Casares acorde a la normativa europea, el concurso de liquidación de la factoría de motores podría quedar desierto y habría que poner en marcha una licitación para buscar astilleros que finalizarán estos contratos en curso.Fuentes de Sepi no quisieron hacer comentarios y se remitieron al comunicado del 18 de julio en el que se aseguraba que la Comisión "ha solicitado aclaraciones adicionales de la oferta sobre la fábrica de Manises, con vistas a examinar su compatibilidad". Ayer, el presidente de Sepi, Enrique Martínez Robles, reiteraba a Europa Press que "han solicitado nueva información al comprador".Por su parte, Bruselas confirmó a este periódico que existe esa diferencia de valoración entre Sepi y Ros Casares, aunque no da cifras económicas. "Si se aceptara la oferta se podría incurrir en nuevas ayudas estatales", señala.