El Juzgado de Instrucción número 5 de Manresa ha imputado a tres altos cargos del Gobierno catalán por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y a dos directivos de ICL Iberia (antes conocida como Iberpotash), compañía minera que extrae potasas de sus minas de Súria y Sallent (Barcelona). Los tres altos cargos de la Generalitat imputados son el secretario de Medio Ambiente, Enric Llebot; la directora general de Calidad Ambiental, Assumpta Farran, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí. El titular de este juzgado admitió ayer una querella formulada por la CUP en la que se acusa a los cargos públicos de prevaricación ambiental por una "posible concesión de licencias ilegales". Los otros dos imputados son ejecutivos de ICL, su consejero delegado, José Antonio Martínez Alamo, y el director general de Medioambiente. Lluís Fàbregas. El juzgado considera que la actividad de la empresa "podría afectar al medioambiente por la filtración de residuos salinos en aguas de dominio público derivadas de la extracción". ICL asegura cumplir la ley Por su parte, ICL asegura que "nosotros hemos cumplido estrictamente la ley en todo momento" y confía en que la Justicia demuestre "que nuestra actuación se ajusta al marco legal que nos pusieron". ICL está inmersa en un plan estratégico de inversiones millonarias que incluye la ampliación de la mina de potasa y la construcción de una terminal de carga en el Puerto de Barcelona.