Al igual que Fuenlabrada, plantea su continuidad como centros logísticos y de almacenajeEl centro de Alicante ya no es del grupo, que conservará sin embargo una oficina comercialCoca-Cola Iberian Partners, el embotellador único del gigante de los refrescos, ha decidido apostar fuerte para cerrar de forma definitiva el contencioso laboral y cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el ERE. Además de reabrir la fábrica madrileña de Fuenlabrada como centro logístico, de almacenaje e innovación, la compañía ha planteado también la continuidad de los centros otros dos de los centros que se había acordado cerrar: el de Palma de Mallorca y el de Asturias. De las cuatro plantas afectadas por la reestructuración, la única que no se reabriría sería así la de Alicante, pero eso es debido, según explican fuentes próximas a la empresa, a que eran instalaciones alquiladas que ya no pertenecen al grupo. Allí se apostaría en cambio por una oficina comercial para poder reincorporar a todos aquellos empleados que así lo soliciten. Un portavoz oficial de Iberian Partners aseguró que "lo que todavía no está decidido es cuál será la actividad que se desarrollará en Oviedo y en Palma de Mallorca, a la espera de conocer el número de trabajadores que pide su reincorporación". En principio, lo que parece totalmente descartado es que vaya a haber actividad industrial. Al igual que ocurre con la fábrica de Fuenlabrada, los centros continuarían abiertos como almacenes o plataformas de distribución para sus respectivas zonas de influencia geográfica. Los centros de Alicante y Palma permanecían aún abiertos, pero bajo una actividad mínima y a la espera de su cierre definitivo. Según la sentencia del Tribunal Supremo, los 821 afectados tenían de margen hasta 20 días después de publicarse la misma para poder actuar. Esta fecha se cumple el próximo 10 de junio. Hay que tener en cuenta que el cierre de la planta de Fuenlabrada supuso el despido forzoso de 238 trabajadores, pero el expediente afectó a muchos más empleados, hasta un total de 1.156. Hhubo 319 prejubilaciones, 279 bajas voluntarias y 238 despidos forzosos. No obstante, 351 empleados solicitaron ya la ejecución provisional de la sentencia de la Audiencia, algo que ésta aprobó. De ellos, 73 se reincorporaron en distintos centros y a los 278 restantes Coca-Cola Iberian Partners les siguió pagando, aunque sin incorporarse a trabajar. La empresa que preside Sol Daurella anunció ayer, por otro lado, que a partir de hoy pone en marcha el plan de reapertura del centro de Fuenlabrada, cerrado desde hace más de un año y que ha permanecido desde entonces sin ninguna actividad, ni labores de mantenimiento o seguridad, según dice, "por la negativa de un grupo de activistas a permitir la entrada". Coca-Cola Iberian Partners explicó en un comunicado que "esta anómala situación ha provocado que en este momento el centro de Fuenlabrada se encuentre en un estado de abandono que hace imposible su reapertura". Además de ello, se encuentra ahora sin las licencias y autorizaciones administrativas necesarias para la vuelta a la actividad y que para la empresa urge tramitar cuanto antes para poder cumplir con la sentencia de la Audiencia Nacional, que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo. "Iberian Partners quiere cumplir cuanto antes sea posible con la sentencia, reabrir el centro y que todos los empleados que lo deseen se puedan reincorporar. Sin embargo, la apertura del centro sólo será posible si nos permiten acceder a él, cosa que no se produce desde hace más de un año", asegura la compañía. Falta de acuerdo A la espera de que los empleados que han abandonado el grupo empiecen a solicitar su reincorporación -la compañía desconoce por el momento cuántos lo harán- el problema fundamental al que se enfrenta la dirección de Coca-Cola Iberian Partners es la falta de acuerdo con el denominado Campamento de Fuenlabrada. Se trata de un grupo de trabajadores, encabezados por Juan Carlos Asenjo, portavoz de CCOO en la planta, que están liderando la negociación y que exigen que el centro tenga actividad industrial. "La sentencia dice que nos tenemos que incorporar a nuestro puesto de trabajo en las mismas condiciones que teníamos con anterioridad, por lo que tiene que ser un centro productivo. Es decir, debemos volver a nuestro mismo puesto de trabajo, pero si las líneas de producción que había ya no van a existir, no pueden incorporarse los trabajadores de las mismas, de forma que no se puede dar cumplimiento a la sentencia", ha asegurado Asenjo a elEconomista. Por su parte, la Federación Agroalimentaria de UGT emitió ayer un comunicado en el que además de pedir a Coca-Cola Iberian Partners que cumpla con la sentencia que anuló el ERE, ha denunciado y condenado actos vandálicos contra su propiedad, además de amenazas dirigidas a los representantes de su sindicato en Fuenlabrada por parte, supuestamente, de trabajadores, aunque el sindicato no lo dice. En concreto, el sindicato ha señalado que en la noche del pasado miércoles algunos representantes de UGT en esta fábrica sufrieron ataques y amenazas, a través de pintadas frente a su domicilio, y han sufrido asimismo daños en sus vehículos. "UGT no puede tolerar este tipo de conductas, ni dentro ni fuera del centro de trabajo", ha insistido.