El expresidente de Bankia pide al juez la devolución de los tres millones tras el pago realizado por otros imputadosEl expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que disminuya la fianza de 3 millones de euros que le impuso en la causa en la que se investigan las tarjetas opacas, al entender que las eventuales responsabilidades civiles se encuentran "sobrada y doblemente" cubiertas al haber pagado él y, además, todos los usuarios que tenían esas visa durante su mandato. La defensa del exvicepresidente económico del Gobierno solicita que "se proceda a ajustar la cuantía de la fianza exigida a Rato en orden a que la misma sea disminuida en aquellos importantes que ya han sido objeto de afianzamiento suficiente por aquellos imputados que fueron titulares de las tarjetas durante el periodo comprendido entre febrero de 2010 a mayo de 2012 y sin perjuicio de que los ajustes que debieran practicarse -llegado el caso- en un futuro". Rato recuerda que presentó el pasado octubre un aval bancario por valor de 3 millones de euros para asegurar la posible responsabilidad civil que pudiera derivarse por la emisión de los plásticos concedidos durante su presidencia en ambas entidades. "La fianza depositada respondía al aseguramiento de las cantidades que habían sido dispuestas por todos los usuarios durante ese periodo", añade. El aval fue concedido por el Sabadell y fue otorgado a un primo del exvicepresidente del Gobierno. Tras la caución de 3 millones de euros fijada para él y la de 16 millones impuesta al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, apunta que el juez instructor ha acordado otras que alcanzan un total de 4,3 millones de euros para 21 exconsejeros, informa Ep. Rato se encuentra imputado en el procedimiento en el que se investiga la salida a bolsa de Bankia por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Por este proceso tendrá que abonar en las próximas semanas una finanza de 5,6 millones en el depósito solidario junto a la entidad y otros exdirectivos por rebajada por la Audiencia Nacional a 34 millones. El exministro, asimismo, podría tener que abonar 18 millones por el caso del presunto delito fiscal.