Ve riesgo de que el Estado subvencione al operador privado del AVE a Levante El Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización sobre el funcionamiento y financiación de la actividad del administrador de infraestructuras Adif entre 2011 y 2013, muestra su preocupación por la posibilidad de que fondos públicos acaben subvencionando la actividad de los futuros operadores privados que exploten desde 2016 el corredor de AVE a Levante. Y ello porque, con la estructura de cánones vigente en esos años (cuyos importes se verán rebajados en la nueva ley del sector ferroviario en tramitación parlamentaria), los ingresos obtenidos por esta vía sólo cubren la mitad de los gastos de mantenimiento, financieros y amortización de las infraestructuras de alta velocidad españolas. La cobertura de estos gastos en la red convencional es mucho menor incluso, de entre el 5 por ciento y el 7,3 por ciento en los tres ejercicios analizados. Si se eliminan los gastos financieros y de amortización, y se consideran sólo los de administración y mantenimiento de la infraestructura, los cánones sí cubren esos costes en todas las líneas, excepto la de Madrid-Valladolid (sólo el 54 por ciento) y, justamente, el corredor Madrid-Levante (89 por ciento). Por eso, el ente fiscalizador pide en relación a este último dato "proceder a una revisión del sistema de fijación de los cánones ferroviarios a fin de que sean suficientes para cubrir los costes de administración y mantenimiento de la red". Ello con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo de la red de alta velocidad y evitar, ante la apertura del proceso de liberalización del sector ferroviario, que se subvencione con recursos públicos actividades del sector privado". En medio del debate electoral en torno a la inversión en AVE pendiente de ejecutar, el Tribunal de Cuentas pone cifras a esas necesidades de inversión. A cierre del ejercicio 2013 quedaban por desembolsar 12.317 millones sobre un coste total estimado de 56.497 millones, tras las reprogramaciones y racionalización de gastos previstos sólo un año antes. El organismo considera "asumible" la financiación de esa cantidad, de acuerdo al cuadro financiero 2014-2017 aprobado por el Gobierno. En cuanto a la situación financiera de Adif Alta Velocidad, advierte de que las condiciones favorables de financiación que ha logrado este ente del Banco Europeo de Inversiones tocan a su fin: a últimos de 2013 había ya una deuda a devolver con este banco comunitario de 9.142 millones a partir de 2017. En general, el Tribunal pide "racionalizar el gasto público, especialmente el destinado a infraestructuras altamente deficitarias" como determinadas líneas de AVE. A la hora de evaluar la viabilidad económica de estas infraestructuras, el organismo señala que la separación de Adif y Renfe, "dos centros de gasto que recaen sobre una misma infraestructura", dificulta ese análisis.