Los actuales accionistas tendrán sólo entre un 5% y un 20% del nuevo grupoPescanova sigue navegando por aguas turbulentas. El consejo de administración de la multinacional gallega considera que tendrá que liquidar la empresa si la junta que hay que celebrar antes de octubre no aprueba la ampliación de capital prevista de 28,3 millones de euros, que permitirá completar la reestructuración del grupo una vez aprobado el convenio de acreedores de las filiales. El problema radica en que esa operación dejaría a los accionistas actuales de la pesquera con tan sólo un 5 por ciento del capital de Nueva Pescanova, la compañía que se quedará con los activos y asumirá los pasivos tanto de la matriz como de sus participadas. Aunque el acuerdo inicial deja abierta la puerta a que puedan alcanzar hasta el 20 por ciento si acuden a la ampliación, la banca será siempre la que tenga el control, con hasta el 80 por ciento del capital. El consejo sabe que cuenta con el voto a favor de Damm y Luxempart, que controlan el 6,2 y el 5,8 por ciento, respectivamente, y que pactaron ya una salida con la banca acreedora. Pero todavía sigue siendo una incógnita el voto del resto. El mayor accionista individual sigue siendo Manuel Fernández Sousa, el expresidente de la compañía gallega, imputado en la Audiencia Nacional por la presunta manipulación contable, y que tiene un 7,5 por ciento. A continuación figura la empresaria asturiana Carolina Masaveu, que tiene un 7,1 por ciento, y los fondos Silicon Metals y Broadbill Investments Partners, que tienen cada uno un 5 y un 3,6 por ciento respectivamente. Ante el posible voto en contra, el consejo está estudiando ya distintas alternativas para poder salvar a la compañía. Convenio de las filiales Previamente a la junta de accionistas, los próximos días 21 y 22 de mayo se deben aprobar los convenios de acreedores de diez filiales españolas, imprescindibles también para garantizar la supervivencia del grupo. El consejo y la banca acreedora han presentado propuestas muy parecidas, que contemplan quitas de la deuda de hasta el 99 por ciento en algunos casos, aunque con una diferencia fundamental. Las siete principales entidades acreedoras (el G-7 integrado por Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Abanca, BBVA y UBI Banca) contemplarían la liquidación de las filiales si la junta de accionistas rechaza su propuesta y no hay acuerdo antes del 30 de noviembre.