El regulador destapa el montaje de la operación, pero no cierra la investigaciónmadrid. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha roto su silencio sobre la operación de asalto al Banco Popular y lo ha hecho con contundencia. El regulador aportó ayer los primeros datos de sus investigaciones sobre la oferta de compra lanzada por la sociedad fantasma Blueprime a mediados de junio por el 20 por ciento del capital de la entidad. A través de un sorpresivo comunicado, el regulador que preside Julio Segura anuncia el destape de un montaje que desequilibró durante unas semanas la cotización y la paz interna del grupo que preside Ángel Ron. El organismo supervisor amenaza a los instigadores de este asunto, incluso, con la cárcel. "La CNMV valorará si las conductas llevadas a cabo por los distintos sujetos implicados podrían dar lugar a responsabilidades administrativas o eventualmente penales, procediendo, en su caso, a actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico", advierte en el comunicado. La Comisión podría poner una sanción a los culpables teniendo en cuenta que hasta ahora "no resulta acreditada la existencia de un inversor o grupo de inversores con un interés contrastado en la adquisición de una participación en Banco Popular". Abajo la conspiración De esta manera, desmonta la teoría de que unos supuestos empresarios mexicanos estarían detrás de la compra de un paquete accionarial de control de la entidad. Algunas informaciones ofrecían nombres y apellidos de los eventuales interesados en tomar las riendas del tercer grupo bancario español. La investigación de la CNMV, que todavía siguie abierta, ha podido constatar que Blueprime no tiene ni capacidad financiera ni asesoramiento necesarios para llevar a cabo la operación anunciada. La sociedad fantasma, que llegó a firmar contratos de compraventa con el Grupo Hispania y Kiluva, iba a pagar 14,2 euros por cada título del Popular, lo que suponía una prima superior al 50 por ciento sobre el valor bursátil de entonces. Tras dos semanas de misterio sobre los supuestos compradores, los despachos de abogados Salans y Hassans dejaron de asesorar a Blueprime, una firma radicada en Gran Bretaña y que se había constituido con sólo 4.200 euros.