Las patronales Appa y Asif se quejan de la falta de apoyo del Gobiernomadrid. El ministerio de Industria mantiene un enfrentamiento con varias comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, por culpa de la política energética que aplican en relación con las instalaciones fotovoltaicas. El Gobierno está dispuesto a enfriar el ritmo de crecimiento de este sector, mediante un recorte de las primas que reciben del 35 por ciento -y que las empresas están dispuestas a aceptar- pero también quieren limitar la potencia a instalar, el principal punto de discrepancia con el sector. El secretario general de Energía, Pedro Marín, aseguró ayer que mantiene prácticamente intacta su propuesta de frenar el ritmo de instalación a 300 MW anuales, frente a los 1.200 MW actuales y ha elevado la potencia mínima de los parques de 2,5 MW a 10 MW, una de las principales reivindicaciones de los grandes fabricantes de placas solares. Marín explicó que de los 2.500 millones que el Estado dedique este año a primas a las renovables, 800 millones corresponderán a los 1.500 MW de fotovoltaica instalados hasta el final de 2008 y espera ahorrar con este recorte 415 millones. Appa y Asif aseguran que esta medida contradice el apoyo gubernamental a las renovables y cifran las pérdidas del sector en 450 millones, tal y como adelantó elEconomista. La propuesta tendrá que remitirse ahora a la CNE para que se analice su contenido.