Según Eduardo Torres, sindicalista y exmiembro de la comisión de controlEduardo Torres Posada, miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid entre 2001 y 2006 en representación de UGT, admitió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que utilizó su tarjeta opaca para financiar gastos sindicales. Torres Posada, que declaró como imputado en la causa en la que se investiga el uso de estas tarjetas, que no se declaraban a Hacienda, aseguró que todas las aportaciones contaban con el visto bueno de la Sección Sindical de Gastos y de la propia Ejecutiva Estatal, al frente de la cuál estaba Cándido Méndez. "Estaba todo totalmente procedimentado", aseguró. El sindicalista, que se gastó en total 82.300 euros, cargó por ejempló a la tarjeta opaca de la entidad 30.000 euros en carteles, panfletos y octavillas en Serviprint, una imprenta del centro de Madrid, o 11.489 euros en el Hotel Sancho, también en la capital. "Se pagaban comidas con trabajadores y gastos de viajes", admitió ante el juez, según fuentes jurídicas presentes en la Sala. El pasado mes de octubre, el secretario general de FES-UGT (la Federación de Servicios del Sindicato), José Miguel Villa, aseguró ya en una rueda que no tomarían medidas contra Torres Posada por el uso de las tarjetas B, ya que "todos los gastos que realizó se correspondieron con la actividad sindical". Ayer, tras la declaración del antiguo miembro de la comisión de control ante el juez, el sindicato mostró sin embargo su disposición a devolver el dinero gastado "si se cometió alguna ilegalidad". Otro de los imputados, Cándido Cerón, como el resto de representantes de la Comunidad de Madrid en la caja, insistió por su parte en que la tarjeta formaba parte del "paquete retributivo", pero explicó que su plástico fue clonado y que hay muchos gastos que no reconoce como propios. El consejero a propuesta del PSOE José Acosta explicó que en el momento en que le entregaron su tarjeta le advirtieron de que podía disponer de ella libremente, aunque le aconsejaron que fuera "prudente", no en las cantidades gastadas, que tenían un límite, sino en el objeto de los gastos, porque no estaba "para gastos eróticos". Todos los imputados insistieron en que entendían que Caja Madrid se hacía cargo de la factura fiscal.