Los créditos a TP Ferro vencen el 31 de marzo y las firmas tendrán que renegociar el acuerdoEl laudo del tribunal de arbitraje internacional desestima las demandas de ACS y EiffageEl Gobierno vuelve a encontrarse en una encrucijada por cortesía de ACS. Si el almacén de gas Castor ya costó 1.400 millones de euros, ahora el turno le llega a TP Ferro, la compañía que gestiona los trenes de alta velocidad (AVE) que unen España y Francia entre las estaciones de Figueras y Perpignan. En particular, la deuda de esta compañía -participada al 50 por ciento entre ACS y la gala Eiffage- asciende a 428 millones de euros y los créditos concedidos vencen el próximo 31 de marzo. En el caso de que no se llegue a un acuerdo para renegociar esta cantidad, el Gobierno de España y el de Francia se harían con la concesión de este proyecto y tendrían que hacer frente al impago a través del sistema de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Fuentes del Ministerio de Fomento aclararon ayer a elEconomista que las cantidades que tendrían que desembolsar ambos gobiernos están fijadas en el contrato de concesión inicial, aunque no saben "exactamente" cómo sería el reparto. Por otro lado, fuentes del sector explicaron que este mecanismo se establece en todos los contratos de concesión inicial de un proyecto. Además, siempre que la Administración quiera quedarse con la infraestructura, "que claro que querrán teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto", se verá obligada a pagar la deuda. ACS, por su parte, no atendió las llamadas de este diario. La rentabilidad de la RPA Con todo, pese a que desde Fomento se mostraron optimistas y aclararon ayer que "todavía hay tiempo de llegar a un acuerdo y el proceso es muy largo", cuentan con un factor en contra: los bancos. A las entidades que prestaron esta cantidad hace más de 12 años a TP Ferro -Bankia, Caixabank, BBVA, Santander, ING y Royal Bank of Scotland (RBS)- les sale más rentable que sea el Gobierno el que se haga cargo del impago. Esto se debe a que, si se llegara a un acuerdo con los actuales concesionarios para renegociar los términos del acuerdo, esto exigiría una condonación de la deuda o la entrada en el capital de la compañía mediante el canje de deuda por títulos. Con todo, los motivos a los que TP Ferro alude para no poder hacer frente a la deuda de 428 millones se resumen en tres: los sobrecostes del proceso, el retraso en la puesta en funcionamiento del mismo, así como que el tráfico real de este corredor es muy inferior al que había sido calculado en un primer momento cuando se produjo la concesión. En cuanto al primer punto, tanto la compañía presidida por Florentino Pérez como la gala Eiffage presentaron una demanda en un tribunal de arbitraje internacional exigiendo 350 millones más sobre el presupuesto inicial de la obra -que en su momento ascendió a 1.200 millones de euros-. Sin embargo, tal y como confirmaron ayer fuentes de Fomento a este diario, el pasado febrero el laudo se resolvió con la desestimación del recurso. En cuanto al segundo punto, la línea ferroviaria entre Barcelona y Figueras -que posteriormente se ampliaría con la estación de Perpignan- se retrasó tres años. Por este motivo, el Gobierno tuvo que compensar a ACS en 2009 con unas ayudas valoradas en 150 millones. Así, primero le dio un préstamo participativo de 54,77 millones, después le hizo otra aportación de 54,10 millones y le alargó la concesión por tres años -hasta febrero de 2057-. En cuanto a la ausencia de tráfico, ambas compañías reclamaron ante otro tribunal de arbitraje internacional que la falta de conexión entre ambos países con infraestructuras cercanas, la no homologación de trenes y la no interoperabilidad de la línea Barcelona-Figueres han sido los motivos que han provocado que el tráfico real sea mucho más bajo al que había sido estimado cuando TP Ferro obtuvo la concesión. En concreto, frente a los 80 trenes proyectados en ese momento, en la actualidad circulan alrededor de diez vehículos de pasajeros y 24 de mercancías a la semana. Un proceso largo Por el momento, parece que al Gobierno sólo le queda esperar. Pese a que a finales de este mes vencen los créditos concedidos a TP Ferro, fuentes de Fomento aclararon que éstos "se podrían prorrogar durante meses o, incluso, años". Sin embargo, los expertos aclararon ayer a este diario que el Gobierno tendría que reflexionar sobre el mecanismo de la RPA. En concreto, explicaron que "servir como 'colchón' en los casos en los que las firmas vean que determinados proyectos no se culminen como se esperaba inicialmente puede acarrear un coste innecesario que, al final, pagamos los contribuyentes".