La reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas está dando mucho que hablar entre los miembros del sector. Con una amplia trayectoria profesional y tras acudir a numerosos congresos en Sudamérica para explicar cómo funciona la auditoría en España, Juan Luis Marchini, presidente honorífico de la Asociación Española de Auditores, recibió a elEconomista para contar su visión sobre este proyecto y cómo está el panorama de la auditoría en nuestro país. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo proyecto de ley? Nuestra norma de Auditoría de Cuentas estaba muy obsoleta. Es cierto que hay mucho profesional que no está de acuerdo con lo que ha salido a la luz, pero yo entiendo que vamos avanzando, conseguir el consenso de la profesión es muy complicado. Esta reforma supone resolver entre el 50 y 60 por ciento de las inquietudes que tenía el sector. ¿Cree que va a abrir el mercado realmente y reducir la concentración del sector? Lentamente, quizás habría que haber definido más y eliminar tantos años de contratos. España tiene un grave problema de dimensión empresarial en las firmas de auditoría, hay sólo cuatro grandes que facturan el 90 por ciento del negocio y hay otras 1.000 empresas que facturan el 10 por ciento restante. El Estado y las Entidades de Interés Público (EIP) deberían volcarse en dar más trabajo a las medianas empresas para ir igualando ¿Cree que se deberían regular también las auditorías del sector público? ¿Cree que hay lagunas en el proyecto? Sí. Lo que realmente está pasando es que hay muchas EIP pequeñas, como ayuntamientos, que debería n estar siendo auditados por un auditor mediano. En este sentido, ¿los concursos públicos están limitados a las 'big four' (Deloitte, EY, KPMG y PwC)? Exacto, eso es lo que está pasando. El campo de actuación comercial para las pequeñas y medianas está muy limitado y al final las grandes se llevan todo el trabajo importante. Al resto les quedan las pymes y esto ni hace cultura (a nivel de crecimiento de calidad de las empresas de auditoría) ni es negocio. Es antirrentable ya que las minutas son infinitamente inferiores y, en muchas ocasiones, una pyme da mucho más trabajo que una grande. Yo creo que el problema de dimensión de la empresa española debe estar un poco apoyada por el sector público. Una de las principales críticas sobre la reforma viene de la mano de la rapidez, ¿esto está bien argumentado? No hace falta tanta rapidez, hay que hacer las cosas bien. Sin embargo, en contra de la opinión generalizada, opino que no podíamos estar otros veinte años para reformarla, alguna vez habría que sacarla. ¿Va a servir para evitar fraudes como el de Gowex? Lo de Gowex es un caso increíble, no puede ser que una sociedad como esta haya llegado a la bolsa de París o a la de Nueva York con ese engaño sistematizado de facturación y de crecimiento. No puede ser. La única justificación que encontramos en la profesión es que quizás suponía el 100 por ciento de la facturación del auditor y era un trabajo de compromiso, no era un trabajo realizado con escrupulosidad y con seriedad. Es demasiado el impacto negativo que crea en el país. Ha sido un escándalo tan bestial que nos ha ridiculizado a todos. Por eso no se puede encontrar una justificación, al igual que ocurre con el caso de Pescanova. No era pensable que una empresa seria y de referencia en el sector estuviera creando una red de facturación falsa en sus paraísos fiscales con sus propias empresas. En esta línea, ¿cree que el auditor está preparado para detectar paraísos fiscales o es muy complicado? Es muy complicado. Yo creo que es posible que el auditor pueda ser engañado en sociedades muy complejas. Eso exige un montón de horas, unos procedimientos de control interno muy fuertes y, además, que sean correctamente aplicados. Creo que si se hace bien el trabajo, no deben ocurrir esas circunstancias. El problema es que siempre comentamos a toro pasado y es muy fácil plantear las soluciones cuando emerge un problema de estas características. A raíz de estos escándalos se está expandiendo la opinión de que el auditor es el malo, que debería actuar como un detective en todos los trabajos que realice... Los escándalos perjudican en el corto plazo, tanto a las empresas como a los profesionales, que nos sentimos defraudados. Sin embargo, el sector de la auditoría se toma muy en serio su profesión y los procedimientos suelen ser completos. Está bien que el anteproyecto mejore ciertos puntos, como los comités de auditoría, que nos exija la formación adecuada... Pero somos un sector serio y que en general lo hacemos excelentemente bien. Porque haya un proceso negativo o raro de alguien que no haya actuado bien no se puede derivar de que toda la profesión lo haga mal. Una de las grandes críticas va en relación con la independencia. ¿Se está sobrerregulando? Yo creo que se está mejorando, la independencia es algo fundamental. Ya estaba en la primera Ley de Auditoría del 88 y a lo largo de mi vida he encontrado a profesionales que están auditando a parientes de primer o segundo grado y eso es inadmisible. No podemos ser juez y parte. No creo que haya muchos casos de esos, pero está bien que se legisle y que se aclare. La mayoría de los profesionales nunca estamos a favor de ninguna irregularidad porque eso perjudica al conjunto. ¿Y el tema de las sanciones? Tanto el auditor como su sociedad tienen una responsabilidad solidaria absoluta y total. Si a las pequelas les coge un caso como el de Pescanova nos cierran la empresa. El desfalco para muchísimos inversores es tan grande que no hay capital social ni seguros suficientes. En el caso de esa responsabilidad solidaria que nos hacen firmar, habría que regularla planteándose un poco más la realidad de las empresas y del país.