Roma intenta sin éxito dar por zanjado el enfrentamiento con la Comisión Europeabruselas. Inténtelo de nuevo señor ministro, esta vez no ha colado. Antonio Di Pietro, ministro italiano de Infraestructuras, intentó el lunes dar carpetazo al proyecto de fusión entre los gestores de autopistas español e italiano Abertis y Autostrade. "El Gobierno ya ha tomado su decisión [vetar la operación] y la ha comunicado a las partes", declaró Di Pietro antes de subrayar que "esa es la decisión definitiva", y preguntarse "por qué nosotros hemos dicho no y todos los demás interpretan que podría ser un sí". Pero la Comisión Europea discrepa y su reacción no se hizo esperar ayer martes. Jonathan Todd, portavoz de la comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, advirtió a Roma que "el caso no está cerrado para la Comisión". En primer lugar, Bruselas recibió a finales de agosto de Abertis y Autostrade la notificación oficial de sus planes de concentración. Y, como ayer puntualizó su portavoz, dispone ahora de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para decidir si la autoriza tal cual, si la autoriza con condiciones (obligación de vender partes de sus negocios), si la prohíbe o si la situación no está clara y debe abrir una investigación en profundidad sobre la misma. En paralelo, Todd recordó que Bruselas está analizando si las medidas adoptadas por el Gobierno italiano violan el derecho comunitario. Bruselas considera que se trata de una fusión que, dado su tamaño continental, recae en su exclusiva competencia. Por lo que el Gobierno italiano apenas tiene margen de maniobra para vetarla. Se trata de un caso parecido a las duras condiciones impuestas por España a E.ON si quiere comprar Endesa. Bruselas también mantiene un pulso contra el Gobierno español para impedir que obstaculice por motivos nacionalistas ajenos al libre mercado el desembarco de la eléctrica alemana.Roma asegura que no se opone a la fusión, sino a que la gestión de sus autopistas sea transferida a la empresa resultante de la operación por temor a que no se ejecuten las inversiones necesarias para mantener en buen estado su red viaria. Otro argumento esgrimido por el ejecutivo transalpino es la presencia de la constructora ACS entre los accionistas de Abertis. Asegura que para prevenir posibles conflictos de interés, la legislación italiana prohibe, lo que en la práctica no ha sido ejecutado en otros casos, que una empresa de construcción participe en la gestión de las carreteras del país.El pasado 25 de agosto, la Comisión Europea envió a Roma una carta en la que solicitaba aclaraciones sobre esta decisión, al considerar que no respeta el principio de libertad de establecimiento y de circulación de capitales -dos de las principales libertades establecidas en el derecho comunitario y en elmercado interior de la UE-, y que se arroga competencias exclusivas de Bruselas. El Gobierno italiano tiene diez días desde la recepción de la misiva para contestar a Bruselas y, según la titular de Políticas Comunitarias, Emma Bonino, lo hará antes del próximo día 8.