Dice en su recurso que sólo la Fiscalía puede actuar por todos los afectadosAyer tocó el turno a BFA-Bankia. La entidad presentó dos recursos contra la fianza solidaria impuesta por el juez Fernando Andreu por la salida a bolsa, a mediados de 2011, después de que ya lo hicieran el viernes y el lunes los otros demandados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) y el Frob, dueño del grupo BFA al 100 por ciento, enviaran a la Audiencia Nacional sus escritos para echar por tierra el aval de 800 millones exigidos por el magistrado y las conclusiones de los peritos judiciales, en los que se basa el depósito por responsabilidad civil. Todas los recursos utilizan prácticamente las mismas valoraciones. Bankia destaca que "no sólo no resulta necesaria para garantizar las responsabilidades en este procedimiento, sino que puede producir el efecto inverso de ponerlas en riesgo y resultar contraproducentes". En este sentido, arguye que se ha dañado la imagen y la reputación de la entidad, ya que se ha lanzado un mensaje preocupante de incertidumbre que "puede llegar fácilmente" a la cotización de su acción, con la consiguiente pérdida de valor para sus accionistas, entre los que destaca el Estado, a través del Frob, pero entre los que hay también decenas de miles de accionistas. Sólo reclamos de 34 millones El grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri, que está a la espera de conocer el impacto en sus cuentas del proceso judicial para aprobar las cuentas de 2014, considera en el recurso que la fianza es prematura y que no se atiene al derecho. Explica en sus escritos, elaborados por Cuatrecasas y Uría, que sólo haya reclamaciones de afectados por menos de 34 millones y destaca que el Ministerio Fiscal se opuso a cualquier medida cautelar y este organismo el que puede actuar en nombre de la generalidad de los supuestos perjudicados. Bankia captó en la salida a bolsa 3.100 millones, de los que 1.800 millones fueron invertidos por particulares. Aunque el grupo nacionalizado se opone a cualquier tipo de fianza, reclama a la sala de la Audiencia que rebaje el aval al dinero solicitado a día de hoy por los afectados de la salida a bolsa porque, a su juicio, el juez Andreu "no se basa en datos empíricos" para fijar los 800 millones. Indica que es "ciertamente improcedente" la cuantía exigida por la falta de justificación y aboga por posponer cualquier decisión sobre el aseguramiento de las responsabilidades civiles al momento en que se encuentren "suficientemente perfiladas". En primer lugar, porque BFA-Bankia es solvente y puede hacer a las reclamaciones. Y en segundo lugar, porque aún queda tiempo hasta que termine la instrucción del caso y se dé comienzo al juicio oral. Pero, además, la entidad intenta desmontar los argumentos de los informes periciales, que son los que ha tenido en cuenta el magistrado a la hora de solicitar la fianza. Sobre este asunto, pone el énfasis en que el juez no ha valorado ninguna de las opiniones de expertos, como el informe elaborado por el catedrático Cabiñano, las declaraciones de los imputados y de los dirigentes de los organismos supervisores, como los del Banco de España y la CNMV. Asimismo, Bankia destaca que las cuentas de la salida a bolsa fueron "debidamente" auditadas sin salvedades (por Deloitte).