UPyD y Manos Limpias presentan dos querellas por presuntas irregularidadesLa causa judicial por las presuntas irregularidades en los sueldos e indemnizaciones millonarias de Caja Madrid durante la presidencia de Miguel Blesa se relanza en los juzgados de Plaza de Castilla. Al caso, iniciado por la Fiscalía Anticorrupción, se han sumado UPyD y Manos Limpias con dos querellas contra la entidad y contra la cúpula directiva. Ayer, tanto el partido político como el sindicato presentaron sendas querellas para que se depuren las responsabilidades pertinentes y que los denunciados devuelven el dinero malversado. Según el Frob, el quebranto causado asciende a 14,8 millones de euros sólo en el periodo de 2007 a 2010. En el caso de la iniciativa de UPyD aborda también otras cuestiones y reclama al juez del juzgado 45 la investigación de los créditos concedidos por la entidad a compañías de consejeros con condiciones mejores a las del mercado, como los préstamos otorgados a Gerardo Díaz Ferrán, exdueño de Marsans, o a Javier López Madrid, vinculado a OHL, que recibió avales y financiación por 483 millones sólo en 2011. Por ello, ha solicitado al magistrado que exija las actas de los consejos. Además, la denuncia interpuesta por el partido que lidera Rosa Díaz pide que se abran diligencias a la antigua Fundación Caja Madrid, ante presuntas irregularidades cometidas en varias operaciones de permuta de bienes patrimoniales con instituciones de su expresidenta, Carmen Cafranga, que tuvo que dimitir por el escándalo de las tarjetas 'b'. Los beneficiarios El caso implica a toda la cúpula directiva, es decir, Miguel Blesa, Ricardo Morado, Ramón Martínez Vilches, Ramón Ferraz, Carmen Contreras, Jesús Rodrigo, Carlos Vela, Carlos María Martínez, Matías Amat, Enrique de la Torre, Miguel Crespo, Ildefonso Sánchez Barcoj, Juan Astorqui, Luis Maldonado, Mariano Pérez Claver, Rafael Spottorno (exjefe de la Casa Real), y a Rodrigo Rato, que accedió a la presidencia de la caja en enero de 2010. La querella de Manos Limpias afecta a menos directivos, ya que sólo pide la imputación a once altos responsables de la entidad, todos ellos incluidos en la presentada por UPyD. Ambas se basan en las conclusiones del informe forensic realizado por PwC para el Frob y que éste trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. En él se describe como los salarios fijados por la cúpula, en algunos casos, no fueron aprobados por los órganos pertinentes y conllevaron aumentos que alcanzaron el 27 por ciento. Según explica el abogado de UPyD, Andrés Herzog, los máximos directivos de Caja Madrid "se llevaron 71 millones de euros" en sueldos, "tanto como los 4.500 afectados por el ERE de Bankia". De ahí, que a su juicio sea necesario que no sólo se depuren las responsabilidades penales o civiles correspondientes, sino las "morales", porque supone una "indecencia". Pero la batalla judicial de UPyD es general. Va en contra de toda la gestión de la entidad y de la posterior Bankia. Incorpora a la causa regalos dados por la entidad a los consejeros, como coches de lujo y relojes prohibitivos para la inmensa mayoría, emolumentos que no están incluidos en las causas de la salida a bolsa de Bankia, las tarjetas opacas y la emisión de preferentes, que se instruyen en la Audiencia Nacional desde hace tres años, cuando el partido magenta puso la primera querella. Y desde UPyD se apunta hacia la clase política, que es la que controlaba la entidad. En concreto, hacia el PP, PSOE e IU. Por eso, no descarta que según avance todo el proceso se pidan responsabilidades a la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre y el PSOE del ahora defenestrado Tomás Gómez. En los juzgados de Plaza de Castilla se mantiene congelado desde hace tiempo el caso del crédito concedido a Díaz Ferrán, junto a la compra de City National Bank of Florida, iniciado por Manos Limpias. Las nuevas iniciativas ahora podrían relanzar esta causa o, al menos, la investigación de unos hechos que llevaron a Miguel Blesa a la cárcel de manera provisional.