Parece un vestigio de otras épocas, de otro siglo, una anacronía en los tiempos que corren. La presencia del capital público en algunas de las principales compañías de telecomunicaciones de Europa merece una urgente revisión por parte de los Estados implicados. Se mire por donde se mire, estos privilegios nacionalistas y proteccionistas resultan incongruentes e incompatibles con el desarrollo del Mercado Único Digital que ahora tanto se pregona. El dinamismo del mercado de las telecomunicaciones europeo no se merece semejante lastre. Los monopolios desaparecieron felizmente hace muchos años y no hay motivo jurídico ni técnico que aconseje semejante intromisión de los Estados. El caso chirría por todas partes y hace muchos años que se acabaron las excusas que pudieran sostenerlo. Pese a lo anterior, las autoridades comunitarias de Competencia, tan celosas y preocupadas en ciertos asuntos, miran hacia a otra parte cuando se trata de esa incómoda participación de los Gobiernos. En la memoria del sector todavía escuecen las artimañas que utilizó el Gobierno portugués cuando puso su acción de oro sobre la mesa de Portugal Telecom para impedir la venta de Vivo a Telefónica. Eso ocurrió hace casi cinco años, con un resultado escandaloso que obligó a Bruselas a afear el intervencionismo del Ejecutivo luso. La presencia estatal en algunas de las telecos europeas frena el proceso de consolidación que estos días celebra el sector. Pese a que los principales operadores cotizan en bolsa, no todos están sujetos a las veleidades de las leyes de la oferta y la demanda. Unas compañías están blindadas con ataduras políticas y otras no. En ese escenario, ¿quién es el valiente que se atreve a comprar una compañía donde los accionistas conviven con un invitado tan improcedente y dislocado?. Por ejemplo, si algún gigante como AT&T quisiera crecer en Europa tendría que vérselas con los Gobiernos de sus posibles objetivos. Por lo pronto, la mayor compañía de telecomunicaciones del mundo debería olvidarse de adquirir Deutsche Telekom u Orange, grupos que cuentan con el Estado entre sus dueños. El 31,9 por ciento de la mayor compañía alemana de telefonía fija pertenece al Ejecutivo que lidera Angela Merkel. Y lo mismo pasa en Orange, donde Manuel Valls, jefe de Gobierno de la Quinta República tiene la última palabra sobre el 27,2 por ciento de la multinacional gala. El mismo caso ocurre con la belga Belgacom, la noruega Telenor y la suiza Swiscom, en los que sus respectivos Estados atesoran la mayoría del capital (con el 56,7 por ciento, el 54 por ciento y el 51,2 por ciento, respectivamente). De esa forma, cualquier tentación de consolidación en esos mercados se reprimirá con un bloqueo incontestable. Telia Sonera podría haber sido carne de adquisición a golpe de talonario, pero nada de eso ha ocurrido ante la concurrencia de los Gobiernos sueco (37,3 por ciento) y finlandés (10,1 por ciento). Por si no le bastara al Ejecutivo finlandés con tener representación en Telia Sonera, también figura en el accionariado de Elisa (también con otro 10 por ciento). La nueva Comisión Europea debería hacer gala del juego limpio que propugna para erradicar este paisaje perverso de Estados compitiendo con empresas privadas. La necesaria consolidación de compañías de telecomunicaciones en suelo europeo choca con operadores enrocados, con sus propias reglas y fundamentos. Y así no hay manera de avanzar.