Lo hace tras un fallo del TSJM del que se informa en la última auditoria del grupo a 30 de septiembrePide un informe a la Abogacía del Estado y su defensor confía en que se anule la sentenciaAena se ha visto obligada a provisionar 917 millones de euros por si tiene que realizar un pago extra tras la retasación de varias fincas expropiadas meses antes de su próximo intento de OPV. Así se desprende de los "hechos posteriores a la fecha de balance" incluidos en el último informe de auditoría de las cuentas del gestor aeroportuario a 30 de septiembre de 2014, un documento económico que se empleará como la última radiografía de la compañía de cara a los potenciales accionistas interesados en invertir en la salida a bolsa, prevista para el próximo 11 de febrero. En el informe se explica que el 29 de octubre de 2014 Aena recibió la notificación de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por la que "se reconoce el derecho a la retasación sobre 93 fincas". Estos terrenos fueron expropiados en 1992 y adquiridos en 1994 "por el procedimiento de mutuo acuerdo para la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas". El importe, a la mitad Aunque el importe extra que solicitan los afectados es de 998,5 millones (una vez que se deduce la cantidad que se pagó en su día de mutuo acuerdo: 16,7 millones de euros), el Tribunal fijó este importe en 479,6 millones de euros, incluyendo los intereses de demora calculados hasta el 30 de septiembre de 2014, día en el que se cierra el informe económico de los tres primeros trimestres del ejercicio. El problema añadido para Aena es que la sentencia del TSJM también afecta a otros dos procedimientos similares. En el primero de ellos, el Tribunal dictó sentencia el 27 de noviembre de 2014 y fue notificada el 15 de diciembre del mismo ejercicio a Aena. En ese caso, el importe era mucho menor, ya que los afectados reclamaban 27 millones de euros, pero el juez sólo acepta que se les pague 13 millones. En el segundo procedimiento, todavía se espera la sentencia del TSJM, pero todo parece indicar que será la misma. En este último caso, reclaman 885,16 millones de euros, pero el juez sólo aceptaría (siguiendo los mismos parámetros de las anteriores sentencias) 425,2 millones de euros. Esta cifra sumada a las dos primeras arroja los 917,97 millones de euros que Aena ha decidido provisionar. De esta cantidad, 758,6 millones corresponden a "diferencias de justiprecio, que han tenido como contrapartida mayor valor de terrenos" -señala el informe-, mientras que los restantes 159,36 millones provienen de intereses de demora de las expropiaciones. Presentado recurso Un portavoz oficial de Aena, consultado por el elevado importe de estas expropiaciones, asegura que "no impacta en la cuenta de resultados" y recuerda que el equipo jurídico del gestor aeroportuario ha apelado esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de un recurso de casación. Tenía como fecha límite hasta el 21 de enero para interponerlo. De hecho, nada más conocer el fallo el pasado 29 de octubre, Aena decidió pedir un informe a la Abogacia del Estado sobre el asunto. Tras analizar minuciosamente la situación, el defensor público asegura en el documento realizado a finales del pasado ejercicio que "si el Tribunal Supremo admitiera el recurso de casación y entrara a examinar el fondo del asunto, hay fundamentos jurídicos para sostener que la sentencia del TSJ de Madrid debería ser casada y anulada". Se da la circunstancia de que el fallo se dió a conocer el 29 de octubre, justo en la semana intermedia entre el primer Consejo de Ministros en el que se pidió el retraso de una semana del anterior intento de OPV de Aena y el segundo Consejo de Ministros en el que se decidió posponerlo hasta el 11 de febrero. Fuentes solventes del Ministerio de Fomento, conocedoras del proceso, explican a elEconomista que el retraso hasta el próximo 11 de febrero de la salida a bolsa "nada tiene que ver con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", que ha supuesto para Aena tener que realizar esta provisión de más de 917 millones de euros por pagos extra en fincas expropiadas.