La medida, proyectada desde febrero, pretende incrementar la liberalización energéticamadrid. Los consumidores domésticos y determinadas pymes podrán seguir en tarifa pese a que éstas serán suprimidas para la electricidad en 2011 y para el gas en 2008, según el anteproyecto de Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Las tarifas reguladas del gas y la electricidad desaparecerán en 2011 para la electricidad y en 2008 para el gas, si bien quedarán unas 'tarifas refugio' o de último recurso. Estas tarifas se fijarán con el fin de asegurar el suministro a los consumidores más vulnerables para lo que se creará la figura del suministrador de último recurso, que deberá atender, a un precio máximo establecido por el Gobierno (tarifa de último recurso), las solicitudes de suministro de aquellos consumidores que lo soliciten. El Consejo de Ministros aprobó ayer la adopción mediante anteproyectos de Ley para la transposición de las directivas europeas relativas a los mercados interiores de gas y electricidad con los que se alcanzará la liberalización de ambos sectores. Estas reformas están proyectadas desde febrero y su objetivo es "avanzar en la liberalización de los sistemas energéticos españoles, fomentar la competencia e incrementar la transparencia de los mercados", según ha expresado en Ministerio en diversas ocasiones. El objetivo es crear unos mercados en los que el suministro sea ejercido en su totalidad por los comercializadores en libre competencia y sean los consumidores quienes elijan libremente a su suministrador. Para su adecuación a los intereses generales, se diferencia la función de operador del sistema y gestor del transporte realizada por Red Eléctrica de España del resto de actividades. La supervisión de los cambios de suministrador será responsabilidad de la Oficina de Cambios de Suministrador, un nuevo organismo cuyo fin es agilizar estos trámites, evitando posibles obstáculos a la competencia. El anteproyecto prevé la constitución de un Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético, con la función de realizar un seguimiento permanente de la garantía de los suministros energéticos. El texto que se envía ahora a las Cortes Generales para su debate parlamentario cuenta con el análisis preceptivo del Consejo de Estado.