Traslada al Banco de España preocupación al tener que notificarlo 3 meses antesLa exigencia de avisar a pequeñas y mediandas empresas y autónomos con, al menos, tres meses sobre un futuro recorte del crédito ha puesto en guardia a la banca. El sector teme que una alerta así aliente el impago si la restricción de recursos obedece a un empeoramiento de la solvencia del cliente o, incluso, a que ha comenzado a desatender en tiempo o forma las cuotas de amortización del préstamo. "Si le dices que no vas a renovarle y es porque ya da problemas, ¿quién dice que no dejará de pagar antes?", reflexionan desde una entidad. El sector ha trasladado su inquietud al Banco de España con esperanza de que replantee la fórmula o se establezcan salvaguardas adecuadas. Si se propagase la siniestralidad, empañarían el fin de facilitar financiación de forma rápida y económica a pequeños negocios que persigue el Gobierno con la medida.La ley de financiación empresarial, ahora en trámite parlamentario, obliga a la banca a notificar, por escrito y con suficiente antelación, la decisión de cancelar o reducir en, al menos, el 35 por ciento el flujo previo a pymes y autónomos. En una situación así estos clientes recibirán de la entidad, antes de diez días, información sobre su posición financiera, historial de pagos y hasta una calificación financiera, asimilable a los ratings que expiden firmas como Standard&Poor's o Moody's. La ley mandata al Banco de España definir un formato estandarizado para este reporte y establecer una metodología y modelo común para calcular la citada calificación crediticia. Ha sido en los contactos establecidos con distintos agentes de la industria para someter a consulta el proyecto, cuando le han elevado las inquietudes. La razón del preaviso es evitar repeticiones de las asfixias de liquidez que se declararon en plena crisis, ampliando la mortandad de las empresas. Cuando algunas entidades vulnerables tuvieron que echar el cerrojazo al crédito y limitarlo al mínimo, los pequeños negocios no encontraban proveedor alternativo por la dificultad para otro banco de evaluar su capacidad de pago por carecer de balances o ratings como las grandes empresas. La asimetría informativa las castigó doblemente, encareciendo su acceso a la financiación. El preaviso busca darles tiempo para encontrar otras vías de financiación o ajustar la gestión de tesorería para evitar situaciones límites. La reactivación económica ha frenado el avance de los impagos. Aún así, la financiación dudosa alcanzó los 178.386 millones de euros en octubre, un 12,92 por ciento del crédito vivo -el máximo lo marcó en enero en 197.276 millones. La expectativa es que continúe a la baja.