Impone medidas cautelares ante la denuncia de la Asociación Madrileña del Taxi,El colectivo profesional del taxi tiene motivos para celebrar la decisión judicial de imponer medidas cautelares por las que se suspende la actividad de Uber en España. Por lo pronto, el juez titular del juzgado de los mercantil número 2 de Madrid ha admitido las consideraciones de la Asociación Madrileña del Taxi, al entender que se producen situaciones de competencia desleal. El magistrado también corta las alas a Uber, ya que "los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor". En opinión de los denunciantes, los conductores de vehículos particulares que transportan a pasajeros (con los que contactan a través de una aplicación móvil) socavan tanto los derechos de los usuarios como la sostenibilidad gremio del taxi y del transporte urbano en general. En este sentido, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) espera que esta medida "sea un precedente en la justicia española a la hora de abordar este tipo de cuestiones", según indica Julio Sanz, presidente de la FPTM. El juez aclara que su resolución "no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino una protección cautelar basada en la legalidad vigente". No obstante, el magistrado no contó con la valoración de la propia compañía estadounidense, ya que "Uber es una empresa domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware", según el juzgado. Para asegurarse del cumplimiento de las cautelares, en la misma resolución se oficia a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa Uber, según indica el Tribunal de Justicia de Madrid a través de un comunicado. Además, el juez impone la "prohibición de cualquier aplicación o de cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado en España o, subsidiariamente, en la Comunidad de Madrid". El juez considera que "existen motivos que aconsejan que la adopción de las medidas se haga con la mayor brevedad posible, ya que existen indiciariamente conductas ilícitas, como es el reiterado servicio de transporte de viajeros que se viene prestando en Madrid". José Luis Zimmermann, director general de Adigital y portavoz de la primera asociación de empresas de economía colaborativa, eludió valorar la decisión judicial, pero abogó por el establecimiento de medidas que regulen este tipo de nuevas actividades, según dijo a elEconomista. Uber está valorada en 40.000 millones de dólares y su servicio ya está prohibido en Holanda y sufre acciones similares en los tribunales alemanes.