Reclama al juez Velasco que solicite a Caixabank toda la información del procesoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos interpuestos por el Ministerio fiscal y el partido UPyD contra la decisión del juez Eloy Velasco de archivar la investigación sobre la fusión y la salida a bolsa de Banca Cívica. De esta manera, el caso se reabre con el objetivo de analizar si hubo algún tipo de delito. Además, la Audiencia ha estimado el recurso presentado por el expresidente de Caja Navarra y del Gobierno foral, Miguel Sanz, que se oponía a que la parte relativa a Caja Navarra fuera enviada al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. De esta forma, la parte relativa a CAN será investigada también en Madrid. La Sala de lo Penal explica en su auto que la instrucción que realizó el juez Eloy Velasco "se encuentra inconclusa, como consecuencia principalmente de la no aportación de la documentación e información requerida" para realizar la investigación. Por este motivo, ordena al juez la continuación de las actuaciones de investigación, en concreto, "el requerimiento de la documentación necesaria y demás que fueren precisas para la conclusión de la pericia, tras lo cual deberá procederse por el instructor a una nueva valoración de los hechos objeto del procedimiento en su conjunto, con absoluta libertad de criterio". En concreto, la Sala de lo Penal recuerda que peritos del Banco de España ya comunicaron que sería necesario para la investigación que Caixabank, como sucesora de Banca Cívica, facilitara diversos documentos, tales como las combinaciones de negocios contabilizadas en junio y diciembre de 2010, así como con la revisión de los ajustes de valor razonable de la combinación de negocios de Banca Cívica con Cajasol realizada en el cierre contable del año 2011. También solicitaban los peritos la documentación archivada como antecedentes de las reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Banca Cívica, al igual que la documentación sobre los créditos otorgados a miembros del consejo de Caja Navarra y sus familias entre los años 2005 y 2011 y los criterios seguidos en operaciones de saneamiento de activos.